El 9 de julio de 1977, durante los años más cruentos de la dictadura (1973-1990), Margarita Escobar llegó a tener a su hija al hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran.
Cuatro décadas después, relata a la AFP que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida. “Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una matrona me dijo: 'tu guagua (bebé) nació muerta'”.
Pidió verla para darle un beso pero no la dejaron. Después de eso “nadie me dio ningún papel, me mandaron para la casa. No sé cómo llegué; estaba totalmente dopada”, recuerda. En el mismo hospital, en febrero de 1985, María Orellana dio a luz a un niño que llamó Cristián.
“Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, cuenta. Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le informaron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, recuerda que le dijeron en el hospital.
Al igual que Margarita, a María tampoco le dieron ningún papel ni le entregaron el cuerpo. “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recuerda hoy, empeñada como otras miles de madres en encontrar a su hijo.
El juez especial de causas de derechos humanos Mario Carroza realiza desde enero una extensa investigación sobre sustracción de menores centrada en los años de la dictadura, aunque, ante nuevas denuncias, la amplió hasta 2000.
Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo, como sucedió en Argentina, se cree que las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a “captar” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos. La modalidad se asemeja a la registrada en España, donde acaba de abrirse el primer juicio por un caso de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas, en una práctica que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
“No hemos establecido algún patrón que diga (que hay) relación con alguna política estatal de represión, pareciera ser más bien una especie de asociación ilícita, una organización lucrativa respecto de la adopción de personas de manera irregular”, explica a AFP el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, que ha presentado denuncias a nombre de las madres.
Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.
“En general, los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus hijos”, agrega Rivera.
La vigencia hasta 1988 de una ley que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas contribuyó a fomentar la práctica en un país sumido en esos años en el silencio y el temor, explica la historiadora de la Universidad Austral Karen Alfaro. Para Alfaro, la práctica se “inscribe también dentro de una lucha ideológica de la dictadura de Pinochet, un tipo de violencia social sobre los sectores más pobres”.
No hay registros de la cantidad de niños enviados al extranjero. Según datos oficiales, entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 adopciones en Chile pero no se sabe cuántos fueron llevados al exterior. El juez Carroza ha logrado determinar que al menos 2.021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles llegaron a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño equivalía a entre 3.000 y 5.000 dólares de hoy.
Sin papeles que respalden su historia, muchas madres guardaron su dolor por años. Pero a medida que los primeros casos fueron haciéndose públicos y se formaron grupos de búsqueda en redes sociales muchas se dieron cuenta de que miles compartían su experiencia.
Uno de estos grupos es “Hijos y madres del silencio”, que reúne en Facebook a unas 3.000 personas: hijos que buscan su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos arrebatados.
“Lo que nosotros necesitamos es que se abran los archivos, las fichas de los hospitales, que se haga esto público para que la gente que está fuera de Chile se dé cuenta de que pudo ser una adopción ilegal” , clama Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación. En tres años, el grupo ha logrado casi 90 reencuentros. Las pruebas de ADN son hoy su mayor ayuda.
Con dificultad, por los costos, muchas madres se están realizando los test rápidos para poder ingresar a bancos genéticos internacionales. “Lo que quiero es saber qué pasó con mi hija y si mi hija me anda buscando”, dice Josefina Sandoval, tras someterse a una prueba. “La andamos buscando y con esto la vamos a encontrar”, agrega sobre la hija que dio a luz pero fue dada por muerta el 24 de junio de 1980.