BARCELONA. El último llamamiento a Puigdemont para que renuncie a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que esta pondría en peligro “la cohesión social”.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente, Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que hoy un dirigente del Partido Popular del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le recordó a Puigdemont.
“Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, dijo Colau en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al presidente español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría; y pidió a los independentistas “que no se tiren al precipicio”.
Mañana, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según los separatistas en éste la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La respuesta del Estado
La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el Artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la cámara alta la que debe dar el visto bueno a esa medida.
El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que “pare máquinas”.
“Ojalá que, si nos está viendo, nos escuche, que pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia”, dijo Sánchez, asegurando que apoyará “la respuesta del Estado de derecho” .
La crisis política creada por la consulta prohibida del 1 de octubre y por años de tensión entre Barcelona y Madrid es la peor desde la reinstauración democrática en 1978. En ella está en juego el destino del 16% de la población y el 19% del PIB que suponen Cataluña en España.
Signo de la desconfianza que se está instalando, incluso en las instituciones de Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia pidió a la policía nacional, que depende de Madrid, que comparta las tareas de seguridad con los Mossos d’Esquadra, la policía catalana.
Pese al auge del secesionismo en los últimos años, los independentistas no lograron la mayoría absoluta de votos en las elecciones regionales de 2015 –que plantearon como un plebiscito a favor del proyecto soberanista– y en ninguno de las dos consultas de independencia, en 2014 y 2017.
Tampoco han recibido amparo o apoyo de ningún país de la Unión Europea.
La canciller alemana, Angela Merkel, reafirmó el respaldo de Alemania a la “unidad de España” en una conversación telefónica el sábado con Rajoy.