En una entrevista en la televisión pública catalana, el presidente regional Artur Mas auguró que el domingo será “un gran día de la democracia” y, preguntado sobre un eventual bloqueo de la fiscalía o la policía, advirtió que “cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia”.
Férreamente opuesto a un plebiscito sobre la independencia de esta región del noeste de España, el gobierno español recurrió en dos ocasiones su convocatoria ante el Tribunal Constitucional, quien lo suspendió mientras decide sobre su legalidad.
Mas hizo sin embargo caso omiso de esta decisión y, aunque dejó el dispositivo de votación en manos de casi 41.000 voluntarios, aseguró que será su ejecutivo quien realice el recuento de papeletas y anuncie los resultados, previstos para el lunes.
Además, los puntos de votación fueron instalado en escuelas e institutos públicos, algo que estaba siendo investigado por la fiscalía catalana por un posible incumplimiento de la suspensión del Tribunal Constituciona, informó una fuente judicial a la AFP.
Pero, tras una semana tensa entre Madrid y Barcelona, con cruces de acusaciones y amenazas, Rajoy pareció el sábado resignarse a que la consulta se celebre pese a las múltiples advertencias de no infringir la legalidad.
“Lo de mañana se le podrá llamar como se le quiera llamar, pero ni es un referéndum, ni es una consulta, ni es nada que se le parezca, y no voy a calificarla; lo que sí quiero decir es que no produce efecto alguno”, lanzó ante los militantes de su formación, el conservador Partido Popular (PP) en Cáceres, en el oeste del país.
Esta semana, su ejecutivo había abierto una puerta para permitir la votación, como acto de “libertad de expresión”, siempre que el gobierno de Mas no participara en él.
Esta distensión podría explicarse por unas negociaciones destapadas este sábado por El Periódico de Catalunya entre los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, y la coalición Convergencia i Unió (CiU) de Mas.
“Ha habido conversaciones y con estas conversaciones se suavizan los pinchos”, confirmó a una radio catalana Joan Rigol, un veterano miembro de CiU que participó en estos contactos.
Empeñados en convertirlo en una jornada histórica, los independentistas apuraron sus esfuerzos para conseguir una alta movilización ciudadana este 9 de noviembre, rebautizado como “9-N”.
El sábado, día habitualmente reservado a la reflexión en las elecciones en España, la campaña siguió con paradas informativas en la calle y actos de los partidos políticos de norte a sur de la región.
“Llamad a vuestros familiares, amigos y vecinos y decidles que el domingo tenemos que ir a votar”, lanzó el viernes una de las líderes independentistas, Muriel Casal, ante miles de personas reunidas para un mítin final.
Por su parte, los contrarios a la independencia insistieron el sábado en no votar en este proceso y reclamaron a Madrid frenar una votación que consideran ilegal y antidemocrática, al no disponer de censo previo ni junta electoral, y estar organizada por voluntarios en general afines al movimiento.
En una concentración de unas 200 personas organizada enfrente del ayuntamiento de Barcelona, el líder del partido catalán Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó a Rajoy “no titubear en hacer cumplir el Estado de derecho” y deseó que “no se utilicen los colegios y el dinero público para hacer actos de propaganda independentista”.
Ondeando una gran bandera española, Mercedes Gargallo, una de las manifestantes, se lamentaba del poco caso que se hace a los catalanes partidarios de seguir unidos: “Somos españoles y catalanes y a nosotros nadie nos tiene en cuenta”.
Su protesta coincidió contra otra organizada por activistas del País Vasco en apoyo a la independencia de Cataluña, lo que generó algunos momentos de tensión.
“El pueblo catalán está luchando por poder decidir su futuro, y nosotros, como independentistas, estamos aquí para apoyar en lo que haga falta y animar” , dijo una de las manifestantes vascas, Garbiñe Elizegi.