Otros siete casos corresponden a las misiones en República Democrática de Congo (RDC), dos a Haití y otros a Costa de Marfil, Sudán del Sur y Malí, principalmente. La mayoría de los hechos se remontan a años anteriores.
Los países que envían sus soldados son los únicos habilitados para sancionar a los eventuales culpables, pero no muestran demasiada voluntad de hacerlo. Solamente 26 casos de los 69 registrados en 2015 merecieron una investigación completa, que llevaron a la imposición de penas de prisión de algunas semanas contra tres soldados.
La ONU creó en marzo pasado un fondo para ayudar a las víctimas de esos abusos. Noruega fue el primer país en financiarlo, con 125.000 dólares.