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La decisión supone un giro de 180 grados a la decisión que el mismo tribunal tomó en 1993, cuando rechazó la demanda de Sue Rodríguez, una mujer que se encontraba en estado terminal y que reclamaba que se le permitiera su suicidio asistido. Los nueve jueces del Tribunal Supremo canadiense, la máxima autoridad judicial del país, votaron en favor de revertir la decisión de 1993 y firmaron de forma conjunta la resolución, algo que los expertos en asuntos legales del país consideran inusual y dirigido a reforzar el consenso.
Los jueces explicaron en su decisión no estar de acuerdo en que “la formulación existencial del derecho a la vida requiere una absoluta prohibición a la muerte asistida o que los individuos no pueden 'renunciar' a su derecho a la vida”. “Esto crearía un 'deber a vivir' en vez de un 'derecho a la vida' y cuestionaría la legalidad de cualquier consentimiento a la retirada o negativa de tratamientos para salvar vidas o mantener la vida”, añadió el Tribunal Supremo.
La revisión de la prohibición al suicidio asistido médico es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres, Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas. Carter murió en 2010 en una clínica suiza que practica suicidios asistidos, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección. Pero antes de morir, ambas recurrieron a los tribunales, lo que dio inicio al proceso judicial que terminó hoy.