Beate Zschäpe, de 43 años y única integrante viva del trío “Clandestinidad Nacional Socialista” (NSU), fue condenada por su participación en asesinatos cometidos en toda Alemania de ocho turcos o personas de origen turco, de un griego y de una agente policial alemana, entre 2000 y 2007.
Conforme a lo solicitado por la fiscalía, la corte de Múnich también la priva de la posibilidad de solicitar una liberación condicional al cabo de 15 años, debido a la “particular gravedad” de su “falta”, según el veredicto leído por el juez que preside la sala, Manfred Götzl.
El abogado de la condenada Wolfgang Heer anunció que su cliente recurrirá la sentencia asegurando que su “presencia en el lugar de un crimen” no se demostró y que ella “nunca disparó con un arma ni hizo estallar una bomba”.
Zschäpe “hizo suyas las opiniones de extrema derecha de su entorno”, “en particular las contrarias a los judíos y los extranjeros”, recalcó el juez Götzl. “La violencia racista no se combate sólo con la fuerza de la ley. La intolerancia y el odio deben afrontarse con la diversidad de nuestras sociedades abiertas”, reaccionó en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas.
Juzgada desde mayo de 2013, Beate Zschäpe también fue condenada este miércoles por dos atentados contra comunidades extranjeras y 15 atracos a bancos cometidos por el trío NSU que formaba junto con Uwe Mundlos (38 años) y Uwe Böhnhardt (34) y que vivió 14 años en la clandestinidad.
En noviembre de 2011, la policía halló a Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt muertos por disparos cuando se disponía a detenerlos. Los investigadores creen que ambos se suicidaron o uno de ellos mató a su cómplice antes de quitarse la vida. Mundlos era “especialmente antisemita” y “odiaba el multiculturalismo en Alemania” mientras que Böhnhardt presentaba “tendencias extremistas crecientes” , resumió Manfred Götzl. Otros cuatro neonazis, sospechosos de haber aportado una ayuda logística al trío, fueron condenados a penas que oscilan entre dos años y medio y diez años de cárcel.
Este caso conmocionó a Alemania, todavía atormentada por los crímenes nazis, y puso de manifiesto los fallos de los servicios de inteligencia interior, además de ser un quebradero de cabeza para el gobierno alemán por la impunidad con la que los presuntos asesinos lograron actuar durante años. La canciller Angela Merkel expresó la “vergüenza” de su país ante esos crímenes.
Beate Zschäpe, que permaneció callada durante gran parte del juicio, acabó expresándose para decir que la ideología de extrema derecha ya no tenía “realmente ninguna importancia para ella”. “Por favor, no me condene por algo que no quise ni cometí” , dijo al presidente del tribunal, Manfred Götzl.
Las familias fueron acusadas por error y los investigadores nunca estudiaron seriamente la hipótesis xenófoba. Algunos familiares de las víctimas contaron ante el tribunal que la policía sospechaba que los fallecidos habían muerto en ajustes de cuenta entre narcotraficantes o en casos de blanqueo de dinero.
Se destruyeron documentos importantes antes de que terminara la investigación. Una comisión de investigación parlamentaria estudió las disfunciones de la policía y de la justicia, y el entonces presidente de la Cámara Baja habló de un “desastre histórico sin precedentes” y denunció “el enorme fracaso de las autoridades” en la investigación que duró más de una década.
El juicio se enredó en detalles del procedimiento y se atrasó por la voluntad de la principal acusada de revocar a sus tres abogados, antes de decidir contratar a otros dos defensores. Para algunos familiares de las víctimas quedan aspectos sin aclarar.
“Nuestra confianza en las instituciones del Estado (alemán) se ha quebrado profundamente” y no se restablecerá a no ser que “se lancen otros procedimientos” para revelar posibles complicidades, resumió este miércoles el presidente de la Comunidad turca de Alemania, Gökay Sofuoglu.