“Rousseff donará al grupo Tortura Nunca Más la indemnización de aproximadamente 20.000 reales que recibirá en junio del gobierno de Rio por haber sido encarcelada durante el gobierno militar”, dijo el portavoz de la Presidencia, Thomas Traumann, en un comunicado.
Según la Presidencia, 316 personas recibirán esta indemnización.
“Cualquier donación siempre es bienvenida, principalmente de la presidenta de la República”, dijo a la AFP Cecilia Coimbra, fundadora y vicepresidenta del grupo Tortura Nunca Más de Rio de Janeiro, precisando que no ha sido informada oficialmente de una donación, que hay varios grupos con el mismo nombre en varios estados del país y que todos son independientes.
El departamento Social y de Derechos Humanos del gobierno de Rio, que estará a cargo de las indemnizaciones, no pudo responder a las consultas de la AFP.
Acompañada de todos los expresidentes de Brasil en vida desde el fin de la dictadura, Rousseff inauguró el miércoles la Comisión de la Verdad, que investigará los delitos cometidos durante el régimen militar.
“No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la Historia, sino mostrar lo que sucedió, sin camuflaje, sin vetos”, dijo Dilma al investir a los siete integrantes de la Comisión, entre ellos la abogada que la defendió en la dictadura, Rosa Maria Cardoso da Cunha.
“Este es un proceso culminante de lucha por la democracia. Un proceso construido paso a paso durante cada uno de los gobiernos electos después de la dictadura (...) La verdad no muere por ser escondida”, dijo Rousseff.
La comisión investigará durante dos años hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos, pero sin contrariar la ley de amnistía de 1979 que impide enjuiciar y encarcelar a los represores, que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010.
Rousseff, de 64 años, exguerrillera y economista, inició su militancia política a los 16 años en Belo Horizonte (Minas Gerais) e integró dos organizaciones armadas clandestinas de oposición a la dictadura. Su grado de participación en acciones armadas es aún motivo de polémica.
En 1970 fue arrestada, estuvo presa durante casi tres años y fue torturada para que revelara nombres de otros militantes.
Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar, contra 30.000 en Argentina –según organismos de derechos humanos– y más de 3.200 en Chile.