Combatida por los sindicatos desde que fue presentada el año pasado por el Gobierno del presidente Michel Temer como una herramienta para modernizar la legislación laboral de 1943 y facilitar las contrataciones, la reforma ya fue motivo de dos huelgas nacionales y aún motiva protestas.
Para el Gobierno, mediante flexibilizaciones que facilitarán las contrataciones, Brasil podrá comenzar a combatir el desempleo, que afecta a cerca de 13 millones de personas, e impulsar la recuperación de una economía que sufrió en 2015 y 2016, con caídas del PIB del 3,5 % y del 3,6 %, su recesión más grave en varias décadas.
La Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión sindical del país y que promovió el viernes manifestaciones en decenas de ciudades de Brasil contra la iniciativa, anunció hoy la puesta en marcha de una campaña para que la población firme una petición de respaldo a un proyecto de ley de iniciativa popular pueda anular la reforma. Las nuevas normas dan prioridad, hasta por encima de la ley, a los acuerdos que los sindicatos puedan alcanzar con las empresas en asuntos como la división de las vacaciones, la flexibilización de la jornada de trabajo, los intervalos para el almuerzo, los salarios y la reposición de horas extras. Igualmente reglamenta nuevas formas de contratación, como el trabajo intermitente (por días u horas) , el trabajo desde casa y el externalizado, que permiten a las empresas reducir sus costes laborales y disponer de trabajadores para actividades adicionales sin tener que incluirlos en nómina.
“La reforma aprobada y sancionada en julio pasado retira derechos conquistados por la clase trabajadora brasileña a lo largo de siete décadas, desde 1943, cuando fue aprobada la primera edición de la legislación laboral”, alertó la CUT en un comunicado que publicó hoy en su portal en internet.
El sindicato critica principalmente el banco de horas que el trabajador podrá negociar individualmente con la empresa para compensar las horas extras, ya que el empleado negocia sin apoyo de los sindicatos; y el trabajo intermitente, que permite a empresa contratar por día u hora de trabajo sin pagar cualquier garantía laboral. El presidente de la CUT, Vagner Freitas, afirmó que, en defensa del 81 % de los trabajadores brasileños que dice rechazar la reforma en los sondeos, los sindicatos organizarán nuevas paralizaciones para intentar revertir los derechos perdidos.
“Vamos a defender nuestro lado, que es el de la clase trabajadora. No hay ninguna posibilidad de conciliación con el lado que financió el golpe (como se refiere al juicio político que destituyó a la presidenta socialista Dilma Rousseff y la sustituyó por el conservador Temer) para acabar con nuestros derechos. Una cosa fue haber aprobado la reforma en el Congreso, pero otra será ponerla en práctica en las fábricas”, advirtió el líder sindical.
Las principales centrales sindicales alertaron que la reforma entró en vigor sin las “ compensaciones ” que prometió el Gobierno y tan sólo conmemorada por el lado de las patronales.
La aparente competitividad que ganarán las empresas brasileñas con la posibilidad de reducir sus costos laborales ya fue motivo de discusiones en Argentina, cuyos empresarios presionan por cambios similares para no quedar en desventaja en la lucha por las inversiones extranjeras con Brasil.
Las patronales dicen que aún analizan cómo podrán aprovechar las nuevas formas de contratación para aumentar su producción sin generar costos laborales pero conmemoran desde ya la flexibilidad ofrecida desde hoy por la reforma.
Para la Confederación Nacional de la Industria (CNI) , la patronal que más se movilizó en favor de la reforma, su entrada en vigor representa “el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo modernas y alineadas con la economía del siglo XXI ” .
“Tras más de siete décadas, la legislación de Brasil finalmente se equiparó a la de otras países que tienen leyes laboristas seguras pero flexibles ” , conmemoró este sábado en comunicado la Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro (Firjan) .
El presidente de la influyente Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) , Paulo Skaff, la modernización de las leyes generará millones de nuevos empleos, por lo que constituye una victoria para toda la sociedad y no sólo para los empresarios.