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El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil y archirrival de la presidenta Dilma Rousseff aceptó este miércoles un pedido de juicio político contra la mandataria por adulteración de las cuentas públicas, un proceso que podría poner fin a su mandato.
“Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo a periodistas el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.
La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados. Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja.
Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.
“No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil” desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha.
El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.