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La ley fue sancionada la víspera en Brasilia por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y comenzó a regir este martes con su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Unión.
La nueva norma contempla sanciones económicas y prisión de entre uno y cuatro años para quienes nieguen un puesto de trabajo, despidan o discriminen en el ámbito laboral y escolar a cualquier ciudadano por su condición de enfermo de sida.
Uno de los elementos más innovadores de esta ley es que también sanciona a quienes divulguen informaciones sobre el padecimiento de VIH con fines ofensivos.
Con la aprobación de esta norma, la legislación brasileña mejora su sintonía frente las directrices internacionales de Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Humanos y sida.
En su último informe sobre Brasil, el Programa de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Sida (UNAIDS) cifró en 718.000 el numero de ciudadanos brasileños portadores del virus del sida.
El Ejecutivo actual ha recibido varios elogios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la propia UNAIDS y otras instituciones internacionales por su labor activa para combatir el sida y sus programas modelo para la distribución gratuita de condones y de los remedios que componen el cóctel para tratar la enfermedad.
Otro de los principales logros de Brasil en esta área es una vacuna desarrollada por la Universidad de São Paulo (USP) y probada con éxito en primates con sida.
La clasificación que UNAIDS publica anualmente sobre el sida en el mundo indica que Paraguay, Cuba y República Dominicana son los tres únicos países de América Latina que todavía mantienen legislaciones discriminatorias contra los portadores de VIH.
A nivel mundial, el número de países que restringen o impiden la entrada de enfermos de sida en su territorio asciende a 69.