La crisis obligó a Petrobras a flexibilizar su política de precios, considerada esencial para devolverle credibilidad, y creó tensiones entre el gobierno del presidente Michel Temer y su mayoría parlamentaria, a menos de cinco meses de las elecciones generales de octubre.
Una docena de los 27 estados del país registraban por la mañana cortes viales. El bloqueo de camiones cisterna redujo la flota de buses de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte y forzó al aeropuerto de Brasilia a admitir solo la llegada de aviones con combustible suficiente para despegar. Varios frigoríficos cesaron sus actividades, afectando una industria clave de esta gran potencia exportadora agrícola. El brasileño común siente el impacto en los aumentos de precios de todo tipo de productos.
En las estaciones de servicio que disponen aún de reservas, el litro de gasolina supera con facilidad los 5 reales (cerca de 1,4 dólares), frente a 4,215 reales de media nacional a fines de abril. Algunos informes señalan subidas de hasta 7 reales el litro.
Los expendios no parecen haberse enterado de la decisión anunciada la víspera por Petrobras, la principal abastecedora, de reducir en un 10% los precios del diésel a la salida de las refinerías y de congelar el valor durante quince días.
Petrobras aclaró que esa medida “no significa un cambio en su política de precios”, alineada desde fines de 2016 con las cotizaciones internacionales del barril de crudo. Queda por ver cuál será la reacción de los mercados, que consideran la política de “transparencia” de precios como una pieza clave de la estrategia de la petrolera controlada por el estado para recomponer sus finanzas y su imagen después de haberse visto involucrada en el mayor escándalo de corrupción de Brasil. Los transportistas consideraron de todos modos insuficiente ese gesto y por la tarde prevén una nueva reunión de sus representantes con miembros del gobierno en Brasilia.
“No es eso lo que precisamos”, dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), José de Fonseca Lopes, en declaraciones a la radio CBN. Los gremialistas también desecharon la supresión transitoria de un gravamen sobre los combustibles (Cide), que tiene poca incidencia en la composición de los precios.
Los camioneros ven en cambio con buenos ojos una iniciativa votada el miércoles por la noche por la Cámara de Diputados, de suspender hasta fin de año la recaudación de dos impuestos, llamados PIS/Cofins, sobre el diésel. Si el Senado refrenda este jueves esa medida, los camioneros están dispuestos a “suspender el movimiento”, dijo Fonseca Lopes.
La suspensión del Pis/Cofins creó tensiones dentro de la mayoría oficialista. La suspensión fue articulada por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, un aliado de Temer, a quien se le prestan intenciones presidenciales en las elecciones de octubre próximo.
Pero Temer y el candidato oficial del gobierno, el exministro de Hacienda Henrique Meirelles, impulsan una política de ajustes como receta para apuntalar el débil crecimiento económico de Brasil después de dos años de recesión.
“Aún no hubo un acuerdo (...) No estoy en contra de nada, pero queremos saber de dónde saldrá el dinero”, dijo el ministro de la Secretaría del Gobierno (de articulación con el Congreso), Carlos Marun. Según Marun, la suspensión del Pis/Cofins tendrá un impacto de 10.000 a 15.000 millones de reales en las cuentas de este año (de 2.700 a 4.100 millones de dólares).
Los partidarios de esa medida dicen que el impacto será mucho menor y que podrá compensarse con el fin de las excenciones fiscales sobre las plantillas de muchas empresas.