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Se trata de un episodio conocido como la Masacre de Carandirú.
Con estas sentencias terminó la primera parte del juicio contra 79 policías por la peor masacre perpetrada en el sistema carcelario brasileño el 2 de octubre de 1992, cuando la policía reprimió con armas pesadas una pelea entre detenidos y mató a 111 presos.
Los policías condenados estarán en libertad hasta que la sentencia quede firme y avalada por un tribunal de alzada.
“Quedó comprobado que hubo una masacre. Nuestra preocupación era dejar constancia a nuestra población de que la vida no es descartable”, sostuvo el fiscal Fernando Pereira, al celebrar el fallo, que también absolvió a tres policías.
Marcio Friggi, otro de los fiscales del juicio al que se considera histórico por abordar, dos décadas después, un caso que marcó la trayectoria de los derechos humanos en Brasil, negó que existan pruebas para condenar al responsable político de la masacre, el entonces gobernador Luiz Fleury Filho.
La abogada de los policías, Ieda Ribeiro de Souza, dijo que apeló la sentencia leída en la madrugada de este domingo.
“La condena no refleja el pensamiento de la sociedad sobre lo que ocurrió en la prisión”, afirmó la letrada y sostuvo que la mayoría de los brasileños respalda el accionar policial en la hoy extinta cárcel de Carandirú.
Desde el 2 de octubre de 1992, apenas había sido juzgado un acusado. Fue en 2001 cuando un jurado popular condenó a 632 años de prisión al coronel que condujo la operación, Ubiratán Guimaraes.
En 2006, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo lo absolvió tras anular el juicio por falla de procedimiento y Ubiratán fue asesinado meses después en su apartamento.
En lo que resta del año, la justicia de Sao Paulo tiene previsto juzgar a otros 53 presos por las muertes de otros 96 detenidos.
Durante el juicio, apenas cuatro de los policías acusados eligieron declarar para defenderse. Ellos aceptaron haber entrado con ametralladoras y armas largas al presidio, por orden de superiores, y con la oposición del personal de servicio penitenciario.
Pero argumentaron que dispararon al aire, sin buscar asesinar a los detenidos, ya que había mucho humo a causa de la rebelión en el Pabellón 9 de Carandirú.
“Esto no es posible -argumento el fiscal Friggi-. El 85% de los presos fue alcanzado por balas en al cabeza y el cuello. Ellos dicen que no podían tener precisión al disparar. ¡Imagínense si tuvieran precisión!”.
El exgobernador Fleury declaró en el juicio y aseguró que es el responsable político de la masacre, aunque acusó a su secretario de Seguridad, Pedro Franco Campos, de haber sido quien ordenó la operación.
“Entrar al presidio fue algo legítimo y necesario”, sostuvo Fleury.
La abogada de los policías acusó al exgobernador, en su alegato final, de “haber vendido a la institución de la Policía Militar”, en referencia a que apenas los agentes están siendo juzgados.
“El dijo que después de conocer que había 50 muertos se fue a dormir. Eso es no hacerse cargo de lo que ocurrió”, afirmó la letrada.
Al igual que la familia de los policías, la abogada de los condenados fustigó la realización “en forma apresurada” del juicio, pese a que pasaron dos décadas.
“Este juicio fue hecho en forma apresurada, ridícula, para hacerle caso a los reclamos de los organismos internacionales”, fustigó al recordar que la OEA, la ONU y entidades de derechos humanos locales y extranjeras colocan a Carandirú como un símbolo de impunidad.