Bolsonaro también tuvo una iniciación diplomática cuestionada por su poco destacada prestación en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y su alianza con el estadounidense Donald Trump para tratar de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela.
Los retos fueron además personales, dado que el mandatario, de 63 años, se halla desde el lunes hospitalizado, tras una intervención que le retiró la bolsa de colostomía que cargaba desde que una puñalada en el abdomen estuvo a punto de costarle la vida en un mitin de campaña el 6 de septiembre. Pero el verdadero desafío para el exmilitar debería empezar el viernes, cuando entre en funciones un nuevo Congreso con treinta partidos, con el que deberá lidiar para impulsar sus reformas económicas.
Bolsonaro prometió gobernar sin negociar cargos estatales a cambio de apoyo político, una relación de “toma y daca” en la que se gestaron los graves escándalos que minaron el prestigio de los partidos tradicionales. Bolsonaro “hizo una campaña muy fuerte contra el presidencialismo de coalición, asociándolo con la corrupción, y quedó atado a esa promesa”, sostiene el politólogo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro. Su fuerza política, el Partido Social Liberal (PSL), tendrá 55 diputados, de un total de 513, y 4 de los 81 senadores.
Para Pereira, relegar los partidos a segundo plano podría costarle caro, sobre todo si se confirman las denuncias contra el senador electo Flavio Bolsonaro, su hijo mayor. El organismo antilavado (COAF) detectó transacciones “atípicas” en sus cuentas y en la de uno de sus exasesores, Flávio Queiroz.
La prensa también señaló posibles vínculos de su exasesor con un cabecilla de una milicia parapolicial de Rio de Janeiro. El senador electo niega cualquier irregularidad y denuncia una campaña de “difamación” que apunta a su padre. Pero si no presenta rápidamente argumentos convicentes, puede ocasionar un desgaste a su grupo político.
“En ausencia de una coalición mayoritaria estable, las sospechas de corrupción sobre su hijo pueden tornar al presidente muy vulnerable desde el inicio”, analiza Pereira. “Puede haber un aumento del costo de las negociaciones con el Congreso”, coincide Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium Associados. “Cuando un gobierno viene tan imbuido, lleno de ética y de moral y de repente tiene problemas de sospechas de corrupción, los propios congresistas le van a decir: (...) Necesitas mi voto, pero como estás en posición de fragilidad, tendrás que pagar más, o ceder más a lo que diputados y senadores demanden para aprobar la agenda del gobierno” , agrega.
Bolsonaro se mostró parco de palabras en Davos, cuando usó apenas seis de los 45 minutos a los que tenía derecho para presentar sus proyectos ante la élite económica y política planetaria. Y buena parte los dedicó a desestimar acusaciones de que la deforestación avanzaba en la Amazonía a causa de la agropecuaria, un sector que le dio un apoyo electoral decisivo.
Aun así, los mercados siguen respaldándolo, por la garantía que representa el ultraliberal Paulo Guedes como ministro de Economía. La Bolsa de Sao Paulo batió diez récords históricos en las primeras semanas de enero. Bolsonaro también cumplió parcialmente con el electorado que lo apoyó por sus promesas de combatir la criminalidad, al firmar un decreto que autoriza la posesión de armas de fuego; pero solo el Congreso podrá aprobar el porte. “Este Congreso le dará votos a Bolsonaro para avanzar en sus políticas sociales más conservadoras”, pero “el gran problema es la economía”, advierte Gabiati.
El proyecto crucial es la reforma del sistema de jubilaciones, que los inversores exigen como garantía de saneamiento de las cuentas públicas. “Es una reforma muy difícil en cualquier país. Si el gobierno tiene éxito, tendrá un capital político muy grande. Pero si fracasa, temo por la continuidad de su capacidad de gobernar”, zanja Pereira.
El 25 de enero a Bolsonaro le esperaba otra iniciación: la de enfrentar una catástrofe humana y ambiental después que un dique de la minera Vale cediera en Minas Gerais, dejando al menos 99 muertos y 259 desaparecidos.
El accidente no puede ser atribuido al nuevo gobierno, pero “vacía el discurso de que hay que flexibilizar los procesos de licencias ambientales” para emprendimientos productivos, sostiene André César, de la consultora política Hold. “Seguramente el gobierno tendrá que calibrar su discurso y sus políticas públicas, considerando el desastre de Brumadinho”, coincide Gabiati.