Aprobada en el Congreso en agosto, la ley que despenaliza el aborto en caso de inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación, logró sortear el Tribunal Constitucional, que desestimó recursos presentados por legisladores conservadores que buscaban frenar la norma.
“¡Por fin! Firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su embarazo en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles”, dijo Bachelet con entusiasmo ante unas 1.500 personas que presenciaron el acto en La Moneda, mayoritariamente mujeres.
La mandataria celebró que las mujeres reconquistaron un derecho básico.
La presidenta socialista, que entregará el poder en marzo de 2018, llevó adelante una constante defensa del proyecto que transformado en ley sacó al país de una ínfima lista de naciones que prohíben cualquier tipo de aborto.
El Estado chileno rompe así décadas en las que su respuesta ante situaciones límites vividas por miles de mujeres ha sido “el castigo, la condena y la denegación absoluta del derecho a decidir”, agregó la mandataria.
Para Miles, organización por los derechos sexuales y reproductivos, la ley es un “histórico acto de justicia para las mujeres, en especial para las más pobres”.
Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la vida de la madre o inviabilidad del feto, pero el dictador Augusto Pinochet, poco antes de terminar su régimen (1973-1990), apoyado por la Iglesia católica, lo prohibió.
La aprobación de la norma es considerada una de las grandes victorias de Bachelet, que en los últimos meses de su segundo gobierno aceleró el paso para completar un ambicioso paquete de reformas y dejar atrás leyes aprobadas durante la dictadura de Pinochet que se mantuvieron tras su caída, en 1990.
Tras la aprobación del acuerdo de unión civil, que incluyó a parejas homosexuales, y de reformas al sistema educativo, para asegurar por primera vez en décadas la gratuidad de sus estudios a miles de jóvenes, la mandataria pretende cerrar su gestión con avances en la discusión del matrimonio igualitario.
Cambios que movieron los cimientos de una sociedad chilena que por décadas mantuvo casi en su totalidad las normas dictadas por Pinochet.
Subiendo el tono, en medio de los aplausos, Bachelet lanzó:"hoy día somos un país más justo, más comprensivo y más respetuoso (...) nos hemos ganado el derecho de debatir este y todos los temas sin censuras, sin miedos, sin mordazas”.
A partir de su promulgación, el gobierno tiene un plazo máximo de 90 días para reglamentar la implementación de una norma que cuenta con 70% de aprobación ciudadana, según sondeos.
El mayor desafío será asegurar en todo el país la atención médica a quienes decidan abortar, luego de que el Tribunal Constitucional aceptara un recurso de los partidos de derecha que extiende la objeción de conciencia a las instituciones, y no sólo a los profesionales de la salud, como preveía la norma.