Tras dos intentos fallidos de tratar el asunto en las dos últimas semanas, ya que ni siquiera se pudo iniciar el debate, finalmente hoy los senadores, incluida Fernández, votaron por unanimidad a favor de que el juez Claudio Bonadio realice allanamientos en sus domicilios en Buenos Aires y el sur del país, en busca de pruebas.
Este visto bueno de la Cámara llega después de que este martes la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) trasladase a sus compañeros que no tiene “ningún inconveniente” en que autoricen los registros, con el fin de “ terminar” con el “show montado” alrededor de unos “allanamientos sin fundamentos”.
La senadora había puesto como condiciones que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, así como que se resguarden sus objetos de uso personal y los que conforman el ajuar de las casas.
Sin embargo, no se prevé que Bonadio acepte estas peticiones, que fueron muy polémicas durante toda la sesión y que la ex jefa de Estado defendió por estar sufriendo una “manipulación descarada, humillante y grosera ” de “hostigamiento permanente” y previendo que, en el caso de que se graben imágenes de sus casas, acabarán saliendo por los medios de comunicación.
Mientras sus correligionarios más próximos la defendían en sus intervenciones, con fuertes críticas hacia el Gobierno de Mauricio Macri –que aseguran es el que mueve los hilos para perseguir a Fernández y que no se hable de la situación económica del país–, otros miembros del oficialismo o la oposición avalaron que se dé el visto bueno a la solicitud del juez.
“Esta denuncia que involucra plata sucia tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente”, dijo el senador del oficialismo Luis Naidenoff. Al momento de la votación, que se produjo tras casi siete horas de debate, multitud de seguidores de la exmandataria ya se congregaban a las puertas de su apartamento de la capital, a la espera de que comience el operativo de Bonadio.
Al estar aforada, cualquier decisión de la justicia que apunte al arresto de Fernández o el registro de sus propiedades ha de pasar por el pleno de la Cámara Alta, en la que ningún bloque tiene mayoría absoluta pero el peronismo –al que pertenece la expresidente pero está dividido en varios sectores– es el movimiento con más peso.