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La líder social Francia Márquez afirmó en su cuenta de Twitter que “como pueblo negro del norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos con el Gobierno en el marco de los acuerdos con la minga y fuimos atacados con armas y granadas”.
Márquez, ganadora en 2018 del Premio Medioambiental Goldman y del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2015, afirmó que en el ataque resultaron heridos dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El Ejército identificó a los escoltas heridos como Luis Alexander Becerra Asprilla y Jildardo Ramírez, quienes fueron trasladados a un centro médico del municipio y se encuentran estables. El Gobierno colombiano y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lograron un acuerdo el pasado 6 de abril para levantar los bloqueos a la Vía Panamericana, que conecta a Colombia con Ecuador y que duraron 27 días, causando grandes pérdidas económicas para esa región del país.
El acuerdo contempla inversiones por 800.000 millones de pesos (unos 247 millones de dólares) para mejorar las necesidades en vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, entre otras. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) detalló hoy en un comunicado que el ataque ocurrió a las 17:35 (hora local) en la zona rural de Santander de Quilichao, municipio del Cauca.
Según la organización, en la reunión se encontraban también los líderes Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí y Sofía Garzón, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y quienes salieron ilesos.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró en su cuenta de Twitter que en coordinación con la Fiscalía General del país se iniciaron las investigaciones “para dar con responsables de ataque contra integrantes” de la asociación.
Asimismo, Botero detalló que convocó a un consejo de seguridad para mañana, en el que participarán autoridades civiles, policiales y militares.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz rechazó “contundentemente” el ataque contra Márquez, integrante del Consejo Nacional de Paz, y pidió a la Fiscalía que “investigue para dar con los autores de este lamentable hecho”.
En esa misma línea se expresó el procurador General, Fernando Carrillo, quien en Twitter repudió el atentado contra los líderes y se solidarizó con la UNP. Además, pidió “resultados al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en protección a la vida. Llama a Fiscalía a esclarecer hechos y capturar responsables. Colombia está hastiada de llorar por sus muertos”.
Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, escribió un mensaje en esa red social en el que lamenta y repudia el “atentado contra los líderes del movimiento afro” y destacó la protección brindada por la UNP.
“Ministerio del Interior permanece en contacto con ellos y autoridades locales desde el primer momento y estará brindando todo el apoyo que se requiera. Seguimos tomando las medidas necesarias para proteger a los líderes y defensores. Urge dar con los responsables a la mayor brevedad”, acotó Gutiérrez.
El pasado 23 de abril la ONG Programa Somos Defensores señaló que el 2018 fue uno de los años más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 homicidios de 2017.
Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15) , Putumayo (13) , Valle del Cauca (10) y Caquetá (10) . De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales.