El tribunal de Southwark, en el sur de Londres, lo condenó a 50 semanas de reclusión teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó en la cárcel por este delito pasible de un máximo de un año y por el que fue detenido el 11 de abril en la legación ecuatoriana.
Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática": el jueves debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años.
Assange compareció ante el tribunal con un aspecto sensiblemente mejor que cuando fue detenido por la policía británica dentro de la embajada después de que Quito le retirase el asilo diplomático que le había acordado casi siete años antes.
Con una chaqueta de traje negra sobre una sencilla camiseta color gris, el australiano, de 47 años, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto cuando llegó al juzgado desde la prisión de Belmarsh, con un desafiante puño en alto.
“¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una mujer entre el puñado de manifestantes congregados en la puerta del tribunal, mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz” frente a una docena de cámaras de televisión.
El fundador de la plataforma internet WikiLeaks, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012.
Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador, donde acabó viviendo recluido durante casi siete años, para escapar a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual y violación que posteriormente fueron archivadas.
Una de las denuncias presentadas en Suecia se vio afectada por la prescripción en 2015 y la otra fue abandonada en mayo de 2017 ante la imposibilidad de juzgar a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador Rafael Correa dio protección diplomática.
Sin embargo, tras su detención este abril, después de que el actual dirigente Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo y la nacionalidad ecuatoriana poniendo fin a la estancia de un huésped cada vez más molesto para Quito, una de las denunciantes suecas pidió que se reabra su caso.
Su abogada británica, Jennifer Robinson, aseguró que Assange está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación. Poco después, más de 70 diputados británicos firmaban una carta pidiendo a Londres que haga “todo lo posible” para permitir su entrega a Suecia, mientras el padre de Assange, John Shipton, pedía desde Sídney que su hijo, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, sea extraditado a Australia. “La cuestión clave por el momento”, dijo Robinson al canal británico Sky News, “es la extradición de Estados Unidos”.
Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición.
La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a miles de documentos clasificados.
Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel, vuelve a estar reclusa desde el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.