Una delegación de altos cargos de Bolivia encabezada por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, planteó este lunes al vicecanciller argentino, Pedro Villagra, sus “inquietudes” por el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri la semana pasada para endurecer la política migratoria.
El objetivo de esta modificación es acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso al país austral de extranjeros que hayan cometido delitos graves.
“El espíritu de esta norma no es el de perseguir, no es el de estigmatizar o el de calificar injustamente a la colectividad boliviana en Argentina. Es en realidad un intento por luchar contra la delincuencia, tema en el que estamos de acuerdo”, afirmó Gonzales en una entrevista con Efe frente a la sede de la Cancillería en Buenos Aires tras reunirse con Villagra.
Pese a ello, destacó que hay algunas “diferencias”, entre la nueva normativa y la de su país que le “encantaría”, poder tratar con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las autoridades migratorias, como son el hecho de que, a su juicio, incluya una especie de “presunción de culpabilidad” o el hecho de que un inmigrante sólo necesite estar preso para poder ser expulsado.
“Nos pueden ayudar a terminar de entender el objetivo de esta normativa (...) y creemos que es el ámbito amigable, amistoso, fraterno en el cual vamos a poder encontrar las puntualizaciones que hoy nos tienen un poquito preocupados”, insistió.
“Ojalá ella (Bullrich) tenga los minutos suficientes para poder recibirnos. Hemos venido casi exclusivamente a ello”, agregó antes de recordar que ya la pasada semana solicitó formalmente un encuentro con la titular de la cartera de Seguridad.
La delegación -que también está integrada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara- llegó a Argentina tras la polémica que generaron unas declaraciones del diputado argentino Alfredo Olmedo, quien se mostró a favor de construir un muro en la frontera entre ambos países.
Las autoridades de La Paz criticaron inmediatamente esas palabras y también unas realizadas por la propia Bullrich, que vinculó la inmigración peruana, paraguaya y boliviana con el aumento del narcotráfico.
El funcionario boliviano consideró estas últimas declaraciones una “distorsión” y destacó que Villagra les aclaró este lunes que “no tienen relación con el ánimo de estos ajustes que se han hecho a la ley migratoria”.
Sin embargo, rechazó “categóricamente” cualquier “insinuación” de que los bolivianos llegan a Argentina para delinquir o traficar con drogas.
“Seguramente que los habrá, y nosotros también queremos luchar para que los ubiquen, los metan presos y si quieren deportarlos, que lo hagan”, pero “cuando alguien sale a tratar de vincular a la colectividad boliviana con estas actividades lo está haciendo desde un escenario de discriminación, de xenofobia y, por supuesto, de ignorancia”, aseveró Gonzales.
En ese sentido, destacó que la inmigración boliviana en el país austral “tiene casi un siglo” y valoró su papel fundamental en el impulso del sector textil y el hortícola, mientras que reveló que de las 39.000 personas que están presas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sólo 190 son del país andino.