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En concreto, el presidente Mauricio Macri firmó la resolución que autoriza la vigencia de la ley 27.362, que deja sin efecto esa reducción de pena a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, que en Argentina refiere especialmente a los condenados por delitos durante la última dictadura (1976-1983).
La medida modifica la Ley 24.390, conocida como cómputo del “2x1”, que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de su condena.
Además, la norma especifica que será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado “hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley”.
La controversia surgió la pasada semana, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió aplicar en el caso del civil Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros durante el último régimen militar, el “2x1”, que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y actualmente estaba derogado.
Según explicaron los camaristas en su resolución, la decisión de aplicarla en Muiña es por tratarse de la ley “más benigna” -con base en lo que promulgan tribunales internacionales- y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores al 2001.
Organismos de derechos humanos criticaron fuertemente la medida y convocaron a diversas manifestaciones para mostrar su repudio a que se den privilegios a los represores de la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos, según los cálculos de las asociaciones.
A pesar de que en un principio voces del Gobierno apostaron por acatar el fallo al insistir que la Justicia es un poder independiente, y en medio de las críticas de las organizaciones humanitarias, Macri señaló el miércoles estar “en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad”.
Además, felicitó al Congreso “por la celeridad con que resolvió el tema del vacío legal que había dejado esa desafortunada 'Ley del dos por uno”.