El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que los abogados del Estado presentarán hoy un escrito al juez neoyorquino Thomas Griesa solicitando “una medida suspensiva de la sentencia que obliga a pagar el total de lo adeudado a los fondos buitre al momento de hacer el próximo pago de vencimiento de la deuda (reestructurada), el 30 de junio”.
El magistrado falló a favor de los fondos litigantes tenedores de deuda no reestructurada, que ahora reclaman a Argentina el pago de la deuda íntegra de 1.300 millones de dólares, más intereses.
Dicha sentencia obliga al país suramericano a cumplir con los litigantes para evitar el embargo de los giros de dinero a los tenedores de deuda que se acogieron, con importantes quitas, a los canjes planteados por las autoridades argentinas en 2005 y 2010.
“Lo que le pedimos es una suspensión para que podamos abrir un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales, es decir, sin incumplir los compromisos de la República Argentina con los bonistas reestructurados”, dijo Kicillof, en comparecencia de prensa.
El ministro afirmó que “Argentina quiere cumplir, pero en el marco de la Constitución, las leyes y con lo acordado con los fondos reestructurados. Y para eso debemos pagar en tiempo y forma ” .
“Argentina con los (acreedores) reestructurados acordó determinadas condiciones que constan en los prospectos (contratos)”, las cuales establecen que “no puede pagársele más a otros acreedores que a los que entraron en la reestructuración”, subrayó.
El Ejecutivo de Cristina Fernández busca cumplir en primer lugar con los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda (un 92 % del total), en mora tras la crisis económica de 2001, mientras busca un acuerdo con los fondos especulativos.
El fallo de Griesa pone en peligro el pago que debe hacer Argentina a los acreedores reestructurados a finales de junio, ya que impone órdenes “pari passu (en igualdad de condiciones)”, por las que el Estado está obligado a pagar de manera simultánea a todos los tenedores de deuda o enfrentar un “default” técnico (suspensión de pagos).
Además, el Estado quiere evitar que otros acreedores inicien demandas para solicitar también el pago íntegro de la deuda, que ascendería a algo más de 100.000 millones de dólares.