“Quiero hacer una aclaración muy concreta. El Gobierno ha fijado una posición: la Argentina no es un país productor de drogas”, manifestó hoy en una rueda de prensa Capitanich.
“No ha habido contradicción entre el ministro de Defensa (Agustín Rossi) y el secretario de seguridad (Sergio Berni), solamente una interpretación diferente desde el punto de vista de su opinión”, precisó.
Rossi admitió días atrás que Argentina había dejado de ser un país exclusivamente de tránsito de drogas para ser “un país de consumo, y lo más grave, que también es de elaboración”.
Sus palabras fueron desmentidas tanto por el secretario de Seguridad argentino como por el jefe de Gabinete, pero reavivaron las críticas de la oposición contra el Gobierno por no lograr frenar el auge del narcotráfico en el país.
Capitanich subrayó hoy que Argentina mantiene una “lucha frontal, dura y enfática contra el narcotráfico en cualquiera de sus formas y expresiones”.
El jefe del gabinete argentino informó de que este martes se firmó un acuerdo entre el Gobierno nacional y el de la provincia central de Santa Fe, una de las más castigadas por el narcotráfico, para ofrecer apoyo logístico en el combate contra este delito.
El titular de la secretaría de Seguridad citó ayer al fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar para señalar que “no hay posibilidades matemáticas de que la persecución policial pueda contra el narcotráfico” y a título personal se mostró a favor de la despenalización de la producción y venta de marihuana.
Capitanich indicó que “las acciones correctivas, por vía judicial y en materia de seguridad” son solo una de las vertientes de la estrategia gubernamental, que se complementa con “la prevención de adicciones” a través de la construcción de centros de día y la movilización de instituciones educativas, sociales y religiosas para generar concienciación sobre las drogas.
Expertos en narcotráfico y líderes opositores discrepan de la postura oficial y afirman que la producción de droga en Argentina va en aumento, tal y como demuestra el incremento de laboratorios clandestinos desbaratados, el auge de la violencia asociada a este delito y la creciente infiltración de narcotraficantes en las instituciones.