La medida, oficializada hoy a través de su publicación en el Boletín Oficial, permitirá a las autoridades migratorias realizar una evaluación especial a aquellas personas sobre las que “exista sospecha fundada en cuanto a que su intención difiera del propósito de turismo”, según el texto.
“A los fines de este procedimiento, se entiende por 'turista' a aquel extranjero que ingrese al país con propósito de descanso o esparcimiento, con un plazo de permanencia autorizado de hasta tres meses, prorrogable por otro período similar”, especifica la disposición.
“Sólo cuando hubiese duda respecto de la real intención del extranjero, en tanto que ésta pudiera diferir del propósito de turismo” el agente interviniente deberá recabar información sobre: el lugar de residencia permanente, la actividad que desarrolla habitualmente y el tiempo de permanencia estimado en Argentina.
Asimismo, se podrá requerir al turista que informe sobre los puntos turísticos comprendidos en su visita, las formas de traslado hacia los distintos lugares a visitar y los parientes o personas de su conocimiento y/o amistad que posean residencia en la Argentina.
Complementariamente, podrán tenerse en cuenta otras circunstancias como los “ingresos reiterados con plazos de permanencia en nuestro territorio nacional que hagan suponer la ausencia de arraigo en el país declarado como de residencia” o la existencia previa de pagos para habilitación de salida del país.
A los fines de comprobar la información, se podrá solicitar al ingresante comprobantes tales como pasajes de transporte o reservas de hotel.
En el caso de que el supervisor deniegue una entrada al país, deberá registrar la incidencia como “rechazo falso turista” y remitir una nota a la compañía transportadora, que a su vez deberá informar a Migraciones sobre el tiempo y forma en que se llevará a cabo la reconducción del pasajero.
El aumento de los controles a la entrada de turistas se produce en pleno debate por la reforma del código penal y en medio de la polémica sobre la incidencia que tiene la inmigración en la delincuencia, ya que el texto planteado por el Gobierno incluye una cláusula para extraditar a los extranjeros que cometan delitos en Argentina.