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El objetivo de esta segunda comisión es complementar el trabajo que realizó la primera instancia, que según los parlamentarios que la integraron quedó “truncada” por el término del plazo designado.
La semana pasada finalizó la primera comisión de investigación del caso Caval después de que diputados oficialistas del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) rechazaran autorizar una prórroga de 30 días, una medida que requería unanimidad para ser aprobada.
“Queríamos pedir nuestras excusas por el bochorno que tuvo la Cámara de Diputados la semana pasada a partir de las decisiones de unos pocos y por todos conocidos”, dijo a los medios el diputado democratacristiano Gabriel Silber, quien presidió la primera comisión de investigación. “Lo importante es no perder el foco en investigar todas las aristas, la ciudadanía espera una investigación imparcial”, agregó el parlamentario.
La moción para crear una segunda comisión investigadora fue aprobada este miércoles por 61 votos a favor y 9 abstenciones de parlamentarios del Partido Comunista de Chile. La nueva instancia, que fijó un plazo de 30 días de investigación, complementará la comisión anterior, creada para indagar los actos del Gobierno vinculados directa o indirectamente con los negocios y actividades del hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, en el denominado caso Caval.
Una de las aristas que aún se debe investigar es el posible pago de sobornos de la empresa Saydex, que tuvo una relación laboral con Caval, al Ministerio de Salud a cambio de licitaciones en hospitales y consultorios del país. Dávalos está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada, tras salir a la luz un millonario negocio inmobiliario que Caval -una empresa de la que su esposa, Natalia Compagnon, es una de las propietarias- hizo en Machalí, en la región de O'Higgins.
Caval adquirió en noviembre de 2013 unos terrenos rurales que eventualmente serían destinados a fines inmobiliarios por el equivalente a unos 10,4 millones de dólares y después los vendió con una ganancia neta de unos 4,8 millones de dólares. La compra fue financiada con un préstamo del Banco de Chile otorgado personalmente por Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad financiera, en una reunión con Dávalos y su esposa celebrada justo después del triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales en 2013.
El préstamo desató uno de los mayores escándalos políticos conocidos en Chile y su repercusión golpeó la popularidad de Bachelet, que en las últimas encuestas registró los niveles de aprobación ciudadana más bajos de sus dos mandatos.