La sala plena del Consejo de Estado determinó que la reelección de Ordóñez, cuyo segundo periodo de cuatro años concluye en enero del año próximo, no estuvo acorde a la Constitución.
Ordóñez fue elegido como titular del Ministerio Público para el periodo 2009-2012 y reelegido para el 2013-2017 por el Senado de la República.
La decisión contraria al procurador se tomó a raíz de una demanda de nulidad interpuesta en 2013 por un grupo de abogados, encabezado por el jurista Rodrigo Uprimny.
Los querellantes sostuvieron, entre otros argumentos, que el procurador tenía prohibido postularse a la reelección porque la Constitución y la ley no tienen prevista una norma expresa que indicara que podía ser elegido de nuevo.
El procurador, de 61 años de edad, católico practicante y de ideología de derechas, dijo en una rueda de prensa que acepta la decisión del Consejo de Estado “ con resignación cristiana”.
“Respeto y acato la decisión del Consejo de Estado, soy un hombre de Estado, defensor de las instituciones, no comparto la decisión pero la respeto por tratarse de uno de nuestros máximos tribunales, del cual además fui magistrado”, expresó.
Ordóñez, que hasta hoy, su último día en el cargo, fue un encarnizado crítico del proceso de paz, acusó innumerables veces en los últimos años al Gobierno y directamente al presidente Juan Manuel Santos de ceder a las presiones de las FARC, dijo que su salida de la Procuraduría es consecuencia del acuerdo alcanzado con esa guerrilla en los diálogos de Cuba.
“Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana, la expulsión del procurador”, manifestó hoy en su despedida.
La decisión de anular la segunda elección de Ordóñez estuvo respaldada por 14 votos a favor y seis en contra.
Además de las ácidas críticas al proceso de paz, Ordóñez estuvo envuelto en constantes polémicas por sus opiniones y decisiones contrarias al matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, la dosis personal de drogas y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.
Desde su cargo, Ordóñez destituyó en 2010 a la entonces senadora liberal Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las FARC y en 2013 hizo lo mismo con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por una crisis generada por el mal manejo de basuras en la ciudad, pero este último logró revertir la sanción y recuperar el cargo.