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El organismo presentó su informe “Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, que recoge los resultados de una investigación realizada a principios de año y que detalla casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
“Amnistía Internacional considera que en Venezuela podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial”, sostiene el informe.
Esto se debe a la “gravedad” de los ataques contra los opositores, el gran número de víctimas, la coordinación de las fuerzas de seguridad implicadas y el conocimiento por parte de Maduro sobre los hechos.
“Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas”, destaca el estudio.
Por lo tanto, Amnistía Internacional “considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión”. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, denunció la “respuesta represiva por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra todas las personas que se opongan a las políticas del Gobierno”.
“Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos que incluyen detenciones arbitrarias en protestas masivas”, explicó.
También han sido perseguidos líderes de la oposición y cargos electos de la Asamblea Nacional, según la organización. Además, Guevara-Rosas denunció que las fuerzas de seguridad, junto con grupos paramilitares cercanos al Gobierno, han acometido torturas, desapariciones y ejecuciones extraoficiales.
De acuerdo con Amnistía Internacional, entre el 21 y el 25 de enero, al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas contra Maduro, 33 de las cuales fueron asesinadas por las fuerzas del Estado.
Además, durante esos mismos días, 11 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial, como es el caso de José Godoy, un joven de 29 años de un humilde barrio de Caracas, que fue asesinado a plena luz del día por grupos paramilitares gubernamentales tras haber difundido un video viral en contra de Maduro.
Durante la investigación, la organización también pudo constatar que más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en todos los estados del país, incluido el arresto de decenas de menores de edad.
Fruto de la crisis institucional, política y económica que ocurre en el país latinoamericano, cerca de 3,7 millones de venezolanos han huido del país y el 80% de los habitantes viven en condiciones de pobreza, lamentó la organización.
Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que estudie los hechos relatados en el informe y que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también cree una comisión de investigación.
“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que en su examen preliminar pueda considerar los hechos documentados en este informe”, dijo Guevara-Rosas.
Además, pidió un “monitoreo activo de las violaciones a los derechos humanos que ocurren todos los días en Venezuela”. “Podemos decir que la impunidad es en realidad un instrumento que permite cobijar la arbitrariedad que se está cometiendo en Venezuela y se configura en el ataque sistemático contra la población civil”, señaló.
Aunque la directora de la organización no se posicionó sobre una convocatoria inmediata de elecciones en Venezuela, dijo que respetar los derechos humanos de los venezolanos también implica “su derecho a decidir a su gobierno” en “una elección libre”. “Si (los venezolanos) demandan un cambio de gobierno, su demanda debe ser escuchada por las autoridades de los tres niveles de poder”, dijo.
Cuestionada por la prensa, Guevara-Rosas también arremetió sobre la postura del Gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, sobre Venezuela, que es “altamente conflictiva” y propia de una “guerra fría”.