“Se trata de la jornada más sangrienta desde que comenzara la crisis política. Las calles de Buyumbura estaban llenas de cadáveres, muchos de los cuales presentaban un solo tiro en la cabeza”, explicó la directora regional de AI, Muthoni Wanyeki, que pidió una investigación exhaustiva al Gobierno burundés.
En una nota informativa titulada “Mis hijos están asustados”, la organización documenta ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y saqueos por parte de la Policía en respuesta a varios ataques contra instalaciones militares.
Durante la operación de busca y captura de los responsables de los ataques, las fuerzas de seguridad fueron atacadas por grupos de jóvenes armados y fue entonces cuando comenzaron a entrar en las casas arrestando a gente de forma arbitraria y matando a decenas de personas.
“Las tácticas violentas de las fuerzas de seguridad utilizadas ese día representan una dramática escalada en la intensidad comparadas con operaciones previas”, alertó Wanyeki.
Según denuncia Amnistía Internacional, la mayoría de las víctimas eran hombres que fueron sacados arrastras de sus casas y luego ejecutados o recibieron un disparo nada más abrir la puerta.
En el barrio de Nyakabiga, los cuerpos de al menos 21 hombres fueron encontrados en calles, casas y zanjas, y los residentes identificaron a algunas de las víctimas: un vendedor ambulante, un profesor, un trabajador doméstico y varios menores.
Al día siguiente, el portavoz del Ejército anunció que al menos 79 “enemigos” del Gobierno habían muerto, así como cuatro soldados y cuatro policías, pero sin diferenciar entre los que realmente pudieron participar en los ataques a las bases militares y los vecinos ejecutados a sangre fría.
Al menos 400 personas han muerto en Burundi desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron una serie de violentas protestas después de que el presidente, Pierre Nkurunziza, anunciase su intención de presentarse a las elecciones por tercera vez, algo prohibido por la Constitución.
Las elecciones se celebraron y Nkurunziza ganó los comicios el pasado julio con un 69 % de los votos, un resultado que la comunidad internacional no ha reconocido por la falta de garantías durante su celebración.