“El Congreso debería apoyar los esfuerzos para pedir cuentas a los que han cometido crímenes atroces contra los derechos humanos, en lugar de reforzar un clima de inmunidad y discriminación contra los indígenas de Guatemala”, afirmó AI en relación con la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento de ese país.
Esa resolución, adoptada en el Congreso a propuesta de Partido Republicano Institucional (PRI) -anteriormente conocido como Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que fundó el dictador José Efraín Ríos Montt-, señaló que en ese periodo no hubo genocidio en Guatemala.
La resolución se emitió casi un año después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anulara la condena a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra.
El general golpista guatemalteco fue condenado el 10 de mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil entre 1982-1983, pero la sentencia fue anulada diez días después por errores en el proceso.
“Guatemala tiene una deuda de justicia con las víctimas de Ríos Montt y con las 200.000 víctimas del resto del conflicto”, lamentó Sebastián Elgueta, investigador en Guatemala para AI, quien pidió que no se ignoren las investigaciones imparciales que “sitúan en un lugar incómodo a los que están en el poder”.
Esa organización defensora de los derechos humanos consideró que Guatemala está en una “encrucijada”.
“El país no debería volver a los días en los que las violaciones de los derechos humanos no se investigaban ni se perseguían. Cientos de miles de víctimas del conflicto de Guatemala, incluidos los parientes de los asesinados y desaparecidos, supervivientes de masacres y violencia sexual, esperan que haya justicia”, dijo AI.
La organización reclamó al Gobierno de Otto Pérez Molina que “muestre su liderazgo dando pasos hacia la rendición de cuentas, el respeto a las víctimas y la justicia”.