“Las autoridades de Burundi reprimieron las manifestaciones como si fueran una insurrección”, denuncia la organización en su último informe, difundido hoy bajo el título “Desafiando a las balas, fuerza excesiva de la policía en las manifestaciones en Burundi”.
Para la directora adjunta del Programa Regional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos de AI, Sarah Jackson, “es una tragedia que los manifestantes tuvieran que enfrentarse a las balas para tratar de que se escucharan sus voces”.
“A pesar de la muerte de decenas de manifestantes y de las heridas causadas a miles más por la Policía, las autoridades de Burundi no han hecho ninguna investigación”, lamentó Jackson. Sin embargo, ninguna de las víctimas ni de los familiares entrevistados por la organización presentaron denuncias contra la Policía por “miedo a las represalias, tras sufrir intimidación por la policía o agentes de los servicios de inteligencia”.
“¿Quién se va a quejar a la Policía sobre la Policía? No lo intentamos. En Burundi, no sé dónde presentar una denuncia”, relata una activista en el último informe de AI.
Durante las protestas, algunos manifestantes también usaron la violencia en respuesta al uso de la excesiva fuerza policial: “Lanzaron piedras que hirieron a agentes, destrozaron propiedades y mataron a un miembro del partido juvenil de la rama gobernante”, detalló AI.
Los ataques contra los manifestantes también se extendieron a los medios de comunicación que cubrían las revueltas, ya que Policía atacó las instalaciones de medios independientes que no han podido volver a emitir desde entonces.
Amnistía Internacional habla además de una “fuerza policial dividida”, ya que desde el propio cuerpo policial se ha denunciado la existencia de una “policía paralela” y que algunos agentes habían sido asesinados por tener opiniones diferentes.
“Una vez, en Musaga (barrio de la capital, Buyumbura), vi a un policía que dijo llorando: ”Estoy cansado de esto, ¿cuándo va a parar?", relató un periodista local.
Las revueltas populares que comenzaron a finales de abril para protestar contra los planes de Nkurunziza de perpetuarse en el poder han costado ya la vida de más de 80 personas, e incluso hubo un intento de golpe de estado a mitad de mayo.
Más de 160.000 personas han huido de Burundi por miedo a la represión política y han buscado refugio en Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Con la oposición y la comunidad internacional en contra, Nkurunziza se presentó el pasado martes a la reelección para optar a un tercer mandato, excediendo los plazos previstos en la Constitución, en unos comicios de los que a día de hoy no se conocen oficialmente los resultados.