“El Gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en una declaración escrita enviada a Efe.
Guevara hizo esa observación a raíz de la decisión del Gobierno de Ortega de expulsar una misión de la ONU, después de que denunciara el “alto grado de represión”, estatal en las protestas contra el Ejecutivo iniciadas en abril pasado. “Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su Gobierno”, sostuvo la activista.
“Esta postura agrava todavía más la crisis, que ha dejado hasta el presente no menos de 322 personas muertes, miles de heridos, decenas de personas detenidas arbitrariamente y miles que han abandonado su país en busca de protección”, señaló.
El Gobierno de Nicaragua informó hoy de que ha dado por “concluida la invitación y finalizada la visita” de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), debido a que “han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen” a su invitación.
La misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en el que denunció el “alto grado de represión”, de las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
El Gobierno explicó que el 19 de junio pasado giró invitación a la Oficina Regional para América Central del Acnudh “con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques”, o bloqueos en las vías.
“Por lo tanto, consideramos que han cesado las razones, las causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación”, indicó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional para América Central del Acnudh, Marlene Alejos.
La decisión fue tomada un día después que la Acnudh emitiera un informe sobre la crisis que atraviesa Nicaragua y en la que señala al Estado como principal responsable de graves violaciones a los derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
El mismo Ortega cargó ese día contra la ONU y descalificó ese informe. Según el mandatario, “ya nadie cree”, en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, “son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia”.
Miles de nicaragüenses han salido a las calles desde abril a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno solo reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.