La decisión llega un día después de que el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa del país, ordenara detener la alimentación artificial de Vincent Lambert, un tetraplégico en estado vegetativo cuyo caso había provocado división en su propia familia y en la sociedad sobre la eutanasia.
El veredicto sobre Lambert, adoptado a primera hora de la tarde de ayer, fue suspendida de forma provisional por la noche por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta que sus magistrados puedan estudiar la cuestión.
En ese contexto, el caso de Bonnemaison ha provocado una gran sorpresa en Francia, puesto que los jueces consideran que ese médico de urgencias, que se enfrentaba a la cadena perpetua, aplicó de forma correcta la ley francesa sobre el final de vida cuando administraba potentes calmantes a pacientes terminales, lo que aceleró su muerte.
Fueron las enfermeras del hospital de Bayona quienes alarmadas por la repentina evolución de esos pacientes entre 2010 y 2011 alertaron a sus superiores, lo que llevó a abrir una investigación que concluyó que era el doctor Bonnemaison quien les aplicaba esos tratamientos.
El médico nunca lo negó, pero afirmó que no lo hacía para envenenarles, sino para suavizar el final de sus días.
El caso llegó hasta un Tribunal de lo Criminal, que durante once días escuchó testimonios de familiares, la mayor parte de ellos favorables al médico, además de a expertos, como el relator de la actual ley francesa sobre el final de vida, el diputado conservador Jean Leonetti, o el exministro socialista de Sanidad, Bernard Kouchner, que también respaldaron a Bonnemaison.
La Fiscalía acabó por pedir una pena simbólica contra el médico, cinco años de cárcel exentos de cumplimiento y su readmisión en el colegio de médicos.
Pero los jueces fueron más lejos y pronunciaron la absolución al considerar que la práctica del doctor son conformes a la ley, que establece como lícita que la sedación destinada a suavizar el final de vida de los pacientes terminales y rechaza el ensañamiento terapéutico para mantener una vida de forma artificial.
Los abogados de Bonnemaison se precipitaron para pedir a los políticos que aceleren la reforma legislativa prometida por el presidente, François Hollande, para facilitar la práctica médica sobre el tratamiento de los enfermos terminales.
El portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, señaló que el veredicto del caso Bonnemaisson subraya la necesidad de modificar la ley.
El primer ministro, Manuel Valls, encargó hace unas semanas un informe a dos parlamentarios sobre las opciones de modificación legislativa en el país.
La actual ley introdujo hace unos años el llamado “testamento vital”, en el que los ciudadanos pueden establecer lo que desean en caso de convertirse en enfermos terminales.
Pero la ley no resuelve los casos de aquellos que sin haber hecho su testamento vital no están en condiciones de tomar una decisión, en cuyo caso la familia y los médicos tienen la última palabra.
Es el caso de Lambert, que no puede comunicarse con el exterior.
Su esposa y los médicos que le tratan son favorables a retirarle la alimentación artificial, algo a lo que se oponen sus padres.