Pero muchos de sus antiguos aliados, que apuestan ahora por posiciones más moderadas, ya han rechazado unirse a su nuevo partido, La crida (El llamado), que convocó su convención fundacional para este sábado por la tarde en Manresa, 60 km al norte de Barcelona.
Ni el lugar, ni la fecha son casuales: a solo 6 km de la cárcel de Lledoners, donde esperan juicio por rebelión varios líderes independentistas, y justo un año después de que el Parlamento catalán proclamara una república independiente, el 27 de octubre de 2017.
“Este año que nos separa de esa fecha histórica no ha transcurrido como queríamos”, reconoció el sucesor de Puigdemont, el actual presidente regional Quim Torra, durante un discurso con tono lúgubre, acompañado solamente por una bandera catalana. “Pero volver atrás no es una opción”, apuntó.
Mientras el expresidente se dirije por pantalla a sus fieles, militantes más radicales, los Comités de Defensa de la República (CDR), protestarán ante la sede del gobierno de Torra para reprocharle su prudencia. El mensaje de la protesta: “Un año de renuncias, un año de sumisión. ¡Basta! ¡Tomemos las calles!”.
Caracterizados por su acciones contundentes, estos comités ya protestaron contra los dirigentes independentistas el 1 de octubre, aniversario del referéndum ilegal que precedió la fallida república, y se enfrentaron con la policía regional que les impidió ocupar el Parlamento catalán.
Por la mañana, decenas de militantes de la influyente asociación ANC, organizadora de masivas manifestaciones independentistas, acudían bajo una fuerte lluvia en Barcelona a reclamar en unas dependencias del gobierno regional la publicación oficial de la declaración de independencia.
“Este aniversario es un poco agridulce, un día de grandes esperanzas no materializadas”, reconoció la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. “Tenemos que perseverar (...) Plantarnos dos millones de personas y no movernos de la calle, estar un mes allí”, decía Jordi Sánchez, un trabajador social de 67 años, en la protesta.
La proclamación del 27 de octubre de 2017 fue baldía: ningún país reconoció la efímera república y el gobierno español tomó el control de Cataluña, suspendiendo de facto su autonomía al destituir al ejecutivo de Puigdemont y disolver el Parlamento.
También despertó a muchos catalanes contrarios a la secesión, que organizaron enormes protestas. Prueba de ello, Ciudadanos, el partido más hostil al separatismo, fue el más votado en las elecciones de diciembre aunque los independentistas consiguieron mayoría. “Vamos a seguir luchando para que nunca más se vuelva a producir la vergüenza que vivieron los catalanes hace un año”, dijo este sábado su líder, Inés Arrimadas.
Pero desde la recuperación de la autonomía el 2 de junio, el gobierno de Torra, a pesar de su discurso a veces incendiario, ha aparcado la desobediencia y negocia una salida con el nuevo gobierno español del socialista Pedro Sánchez.
El giro viene forzado por sus socios de gobierno ERC, que apuestan por evitar nuevos problemas judiciales y ensanchar el apoyo a la independencia que en los últimos comicios no superó el 47,5% de los votos. A principios de mes, este partido, con su líder Oriol Junqueras encarcelado, se alineó con la oposición para impedir que Puigdemont y otros tres compañeros desobedecieran su suspensión como diputados impuesta por el Tribunal Supremo.
Como consecuencia, los independentistas, con 70 diputados sobre 135, perdieron cuatro votos y se quedaron sin la mayoría absoluta que ostentaban desde 2015. En minoría, Torra quiere aguantar hasta que termine el juicio contra la cúpula independentista por el intento de secesión, que se espera en enero sin Puigdemont, declarado en rebeldía al estar en Bélgica.
Nueve de sus antiguos compañeros, entre ellos su vicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, están encarcelados preventivamente por rebelión y pueden recibir penas de hasta 25 años. Un veredicto contundente podría reagrupar el movimiento y hacerle ganar votos en unas elecciones anticipadas.