"Vamos a pasar a una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año, que es tres veces de lo que se invirtieron Gobiernos anteriores, el equivalente a más del 8 % del PIB", dijo el mandatario ante unos 30.000 jóvenes estudiantes del sector público.
Destacó que esto convertiría a El Salvador, con presupuesto estatal para Educación de 1.683 millones para este año, en "el país que más invierte de su economía en educación en toda Latinoamérica".
El anuncio fue hecho ante miles de estudiantes en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador, donde además indicó que el programa de becas universitarias beneficiaría a unos 50.000 alumnos con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un acuerdo, por valor de 100 millones de dólares "para garantizar que no dependa de un Gobierno o de un presupuesto".
"Estas 50.000 becas son solo para este año; para el otro año vienen más y más y así sucesivamente hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar", dijo Bukele sin precisar el costo de este programa ni el porcentaje del presupuesto de Educación que alcanzará.
En marzo de 2025, anunció un programa de becas para "todos los jóvenes de El Salvador, con el único requisito de obtener buenas notas, completar el proceso formativo y hacer trabajo comunitario". En su momento, calificó este programa como "la mano blanda del Gobierno", tal como volvió a nombrar este domingo.
"A nivel internacional se conoce a este gobierno por tener una mano dura contra el crimen, contra la delincuencia, contra las pandillas, contra el narcotráfico, pero realmente sí tenemos una mano dura contra los malos pero debemos tener una mano blanda y amiga y buena con los buenos", añadió.
Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción implementado tras una ola de asesinatos ligada a un pacto gubernamental roto que ha dejado 92.000 detenciones, entre ellos 8.000 inocentes reconocidos por Bukele.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al Bukele su reelección inmediata en 2024, pese a que la Constitución lo prohibía.
Paralelamente, defensores de derechos humanos contabilizan más de 6.400 denuncias por abusos bajo esta política de seguridad pública y la muerte de al menos 554 personas encarceladas en custodia estatal, la mayoría con evidentes signos de violencia física.