La organización denuncia en el documento una persistente vulneración sistemática de los derechos laborales, legales y humanos de millones de trabajadores migrantes en Kuwait, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.
En Kuwait, el sistema de patrocinio denominado "kafala" continúa exponiendo a los trabajadores migrantes a graves abusos. En junio del pasado año, al menos 49 migrantes indios murieron y otros 50 resultaron heridos en un incendio en una residencia superpoblada, lo que evidenció las deficientes condiciones de vivienda y seguridad laboral.
Posteriormente, las autoridades kuwaitíes lanzaron una campaña de represión contra migrantes en situación irregular, con detenciones masivas -hasta 700 arrestos en las primeras 24 horas- y deportaciones sin garantías legales. "Muchos permanecieron detenidos durante meses sin posibilidad de impugnar su expulsión", alertó AI.
En Catar, los abusos estructurales contra migrantes continuaron a pesar de reformas prometidas en años anteriores, según Amnistía, que documentó casos de "17 trabajadores del África Oriental que pagaron exorbitantes tasas de contratación para conseguir empleo en Catar abandonados por sus empleadores, dejados sin comida, dinero ni documentación a su llegada al país".
Además, una propuesta parlamentaria pretende restablecer los controvertidos permisos de salida para trabajadores domésticos, lo que podría agravar aún más su vulnerabilidad, especialmente la de las trabajadoras domésticas.
Baréin fue escenario de deportaciones arbitrarias, como la del parlamentario Mohamed Rafeeq al Husaini, despojado de su nacionalidad bahreiní y deportado a Pakistán, país que no lo reconocía como ciudadano.
El caso, según Amnistía, se produjo tras declaraciones públicas del diputado en favor de un líder opositor encarcelado, y demuestra el uso político de la legislación migratoria y de nacionalidad.
En Emiratos Árabes Unidos, los efectos de las inundaciones de abril dejaron al descubierto la precariedad en la que viven muchos migrantes, que padecen malas condiciones higiénico-sanitarias y tienen dificultades para acceder a atención médica.
En este sentido, AI se refirió a los efectos del brote de dengue que afectó de forma desproporcionada a este colectivo, sin acceso adecuado a atención médica ni información, y denunció que la limpieza parcial de las zonas afectadas por parte del gobierno excluyó a barrios industriales donde residen principalmente trabajadores migrantes.
Amnistía contextualiza estas situaciones en una tendencia global donde el racismo, la xenofobia y las políticas de exclusión definen cada vez más las respuestas estatales a la migración.
"Los sistemas de visado que atan a los trabajadores a empleadores específicos aumentan el riesgo de explotación", señala el informe, que menciona a Catar y otros países como responsables de prácticas discriminatorias institucionalizadas.
El organismo advierte de que el uso de tecnologías de vigilancia, las devoluciones masivas y las políticas de externalización de fronteras están erosionando el Estado de derecho y violando sistemáticamente los derechos de las personas migrantes.
AI instó a los países del Golfo y a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los trabajadores migrantes, eliminar sistemas de patrocinio abusivos y garantizar acceso a justicia, condiciones laborales dignas y mecanismos eficaces de reparación.