Según la acusación, la empresa llenó ilegalmente millones de recetas de opioides y otras sustancias controladas entre 2012 y 2023, y después presentó reclamaciones falsas a programas sanitarios federales como Medicare.
El acuerdo inicial para dar fin a la demanda civil contempla un pago de 300 millones de dólares, y la compañía deberá abonar 50 millones adicionales si se produce una venta, fusión o transferencia de la compañía antes del año fiscal 2032.
De acuerdo con la demanda, Walgreens llenó recetas sin un propósito médico legítimo y también en cantidades excesivas de opioides, como también hizo prescripciones repetidas en intervalos peligrosamente cortos y combinaciones de fármacos conocidas como "la trinidad", altamente riesgosas y comúnmente abusadas.
El DOJ alega además que Walgreens presionaba a sus farmacéuticos para que procesaran las recetas rápidamente, impidiéndoles realizar verificaciones adecuadas.
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Detalla que los responsables de cumplimiento dentro de la empresa ignoraron señales de alerta y ocultaron información clave, como datos internos sobre prescriptores sospechosos, lo que evitó que los propios farmacéuticos pudieran compartir advertencias entre sí.
"La responsabilidad de las farmacias no es lucrar con medicamentos peligrosos, sino garantizar su uso seguro y profesional", expresó la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.
El acuerdo fue firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG).
El acuerdo también impone reformas estructurales a Walgreens mediante la implementación de un programa de cumplimiento en colaboración con la DEA, que incluye la verificación de la legitimidad de cada receta, capacitación anual al personal farmacéutico, controles sobre prescriptores problemáticos y personal suficiente para cumplir con la normativa.