"Esta sentencia, junto con otras violaciones procesales, refuerza la sospecha de que este juicio ha sido utilizado como herramienta para eliminar a los opositores políticos y amedrentar a los actores de la sociedad civil", indicó un comunicado.
Las condenas afectan a decenas de figuras de la oposición política, activistas y defensores de los derechos humanos, lo que la organización califica como "una peligrosa escalada en la represión de voces disidentes y una desviación sin precedentes de los principios de equidad y justicia".
Según AI Túnez se negaron derechos básicos a los acusados, como la presencia física en el juicio, el derecho a la información judicial oportuna y la posibilidad real de recurrir legalmente.
Desde el inicio del proceso las primeras audiencias se llevaron a cabo sin la presencia de los detenidos, quienes fueron obligados a participar de forma remota.
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Como forma de protesta, la mayoría se negó a prestar testimonio y dos de ellos iniciaron huelgas de hambre.
La organización denunció que varios periodistas tunecinos y extranjeros, así como observadores de la sociedad civil —incluyendo representantes de AI— fueron impedidos de asistir a las audiencias del 11 y 18 de abril, lo que califica de "grave violación al principio de transparencia judicial".
La ONG alertó sobre lo ocurrido durante la tercera y última sesión del viernes 18 de abril, antes del veredicto, ya que se descubrió que varios acusados no fueron informados de las decisiones de la Corte de Casación, lo cual representa una "grave falta legal" ya que impide a los acusados ejercen su derecho a apelar dentro del plazo estipulado por la ley tunecina.
AI Túnez exige a las autoridades tunecinas la liberación inmediata de todas las personas detenidas, el respeto al derecho a un juicio justo, la independencia real del poder judicial respecto al poder ejecutivo y el acceso sin restricciones de periodistas y observadores independientes a los procedimientos judiciales.
Junta con otras ONG, Amnistía alertó del uso del sistema judicial como herramienta de represión política en "un clima marcado por el aumento de la represión y el debilitamiento del estado de derecho" desde el acaparamiento de poderes del presidente Kais Said en 2021.
El juicio, que implicaba a 40 personas del mundo empresarial, mediático y político, concluyó con la condena a prisión de 37 de ellas, incluidos 15 acusados jugados en rebeldía.