“El reciente proyecto de ley (...) pretende presionar al Emirato Islámico (como se denominan los talibanes) y tiene un enfoque político. El Emirato Islámico no se ha beneficiado de la ayuda estadounidense y no tiene ningún papel en el proceso de ayuda”, afirmó el viceministro de Economía, Abdul Latif Nazari, citado por el canal afgano TOLO News.
Las autoridades talibanas también consideraron "sorprendente" que se condicione la asistencia humanitaria a criterios políticos.
El proyecto de ley, denominado "Ley de No Financiación para el Terrorismo" ("No Tax Dollars for Terrorists Act", en inglés), recibió el respaldo del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU.
La normativa busca que el Departamento de Estado desarrolle una estrategia para prevenir que gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales canalicen ayuda financiera o material que pueda, directa o indirectamente patrocinar el terrorismo.
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Esta iniciativa legislativa se produce en un contexto marcado por las persistentes preocupaciones sobre la gestión de la ayuda en Afganistán.
En noviembre de 2023, el inspector general especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), que supervisa la ayuda humanitaria estadounidense,, denunció ante el Congreso que los talibanes se quedan con parte del dinero enviado por Washington.
El inspector aseguró entonces que las investigaciones de su oficina confirmaron que quienes controlan las armas controlan la ayuda, y advirtió que era prácticamente imposible eludir por completo al régimen talibán en la distribución de la asistencia.
Estados Unidos anunció esta semana la reanudación de la financiación de programas de asistencia alimentaria de la ONU para varios países de Oriente Medio y África, pero excluyó a Afganistán y Yemen.
La razón esgrimida por Washington son las “preocupaciones creíbles y de larga data” de que estos recursos estén siendo desviados hacia grupos considerados terroristas, incluyendo a los talibanes en Afganistán y a los hutíes en Yemen.