"Dadas las conexiones entre ambos procesos, la Comisión no es capaz de continuar con el análisis formal de la petición del quinto pago hasta que haya finalizado la evaluación de la revisión del plan", explican a EFE fuentes comunitarias, que añaden que se trata de una "práctica habitual".
España remitió al Ejecutivo comunitario una revisión "focalizada" del plan de recuperación el pasado 21 de marzo que "está relacionada con la quinta petición de pago" y que está siendo evaluada ahora por los servicios económicos de la institución, afirman las fuentes.
La legislación da a Bruselas dos meses para examinar los cambios al plan propuestos por España y estas modificaciones también tendrán que ser validadas después por el resto de Estados miembros, que tienen hasta un mes para hacerlo.
Este proceso retrasa de nuevo, y sin una fecha concreta, la evaluación que estaba en marcha en la capital europea de los 84 hitos y objetivos que condicionan dicho desembolso y que asciende a 23.900 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos).
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La petición española para este pago llegó a la Comisión Europea en diciembre del año pasado, pero la institución no pudo comenzar su análisis hasta que los Veintisiete validaron un mes después una adenda anterior del plan nacional de recuperación que, por ejemplo, adelantaba a este desembolsos un total de 55 compromisos previstos para pagos posteriores.
Uno de los compromisos más notorios de este desembolso y que condiciona parte de las ayudas directas es la reforma para elevar el impuesto al diésel.
Este hito exige a España la adopción de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo".
Además, detalla que todas estas medidas deberán conducir a un aumento "permanente" de los ingresos de, "al menos", el 0,3 % del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.
En cualquier caso, el impuesto al diésel no condiciona la llegada del conjunto de los 23.900 millones de euros que forman parte del desembolso y su incumplimiento solo supondría el descuento de una parte de esta cantidad que tendría que cifrar la Comisión Europea.