"La revisión será más amplia que lo planeado inicialmente", dijo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, ante cuyos eurodiputados precisó que incluirá tanto cambios en las orientaciones para evaluar concentraciones tanto horizontales como no horizontales.
Ribera concretó que esta revisión busca adecuar las reglas sobre fusiones a los "cambios" que transforman actualmente la economía europea, como la globalización, la digitalización y la descarbonización, así como que "se lanzará en las próximas semanas" y el Ejecutivo comunitario buscará un proceso de consultas lo más "amplio" posible.
En este sentido, la responsable de Competencia de la Comisión Europea señaló que cuando se habla de "campeones europeos" no sólo se hace referencia al "tamaño" de las empresas europeas en comparación con sus rivales mundiales sino también a "cómo operar en un mercado que funcione bien".
La política española también recordó, dentro de su cartera de Competencia, que lanzó en marzo la revisión de la ley sobre subsidios extranjeros, que busca proteger a las empresas europeas frente a sus competidores globales que se han beneficiado de ayudas públicas que distorsionan el funcionamiento del mercado interior.
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Ribera señaló que el objetivo es conseguir que "cada compañía juegue con las mismas reglas" y remarcó que las nuevas orientaciones para implementar esta legislación "estarán preparadas a final de año" y "darán más indicaciones para analizar los efectos distorsionadores" que provocan los subsidios extranjeros.
Por otro lado, detalló su intención es que las nuevas normas sobre ayudas de Estado, cuyo borrador fue enviado a principios de marzo a las capitales para su consideración, sea adoptado en junio.
En concreto, la Comisión Europea quiere relajar hasta el 31 de diciembre de 2030 las normas comunitarias sobre ayudas públicas para proyectos e inversiones que aceleren el despliegue de energías renovables, apoyen la descarbonización industrial o aumenten la producción de tecnologías limpias.
En la práctica, esto significa que Bruselas permitirá durante otros cinco años que los Estados miembros desplieguen recursos propios para acelerar la descarbonización de sus economías con medidas que, de lo contrario, estarían prohibidas por las reglas normales sobre ayudas públicas.