"Han sido aprobadas leyes que incrementan el control de las actividades de los agentes extranjeros. Fueron apoyadas unánimemente (...) Las decisiones tomadas prevén medidas dirigidas a afrontar la injerencia extranjera y evitar delitos en contra de su soberanía", aseveró en su canal de Telegram.
Según Volodin, a partir de ahora serán consideradas agentes extranjeros las personas que "ayudan a ejecutar las decisiones de organizaciones internacionales en las que no participa" Rusia y "ayudan a entidades estatales extranjeras a llevar a cabo actividades dirigidas contra la seguridad" rusa.
También se incluirán en esta lista las personas que "implican a ciudadanos, incluyendo menores de edad, en la recopilación de informaciones sobre actividades técnico-militares que puedan ser utilizadas para dañar nuestro país", aseveró.
Las nuevas normas prohibirán a los agentes extranjeros "llevar a cabo actividades educativas y recibir apoyo municipal".
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La norma anterior prohibía llevar a cabo estas actividades cuando estaban dirigidas a menores de edad, pero los diputados extendieron la prohibición a todas las edades, por lo que las licencias de los educadores inscritos como agentes extranjeros caducarán en cuanto estos sean incluidos en el correspondiente registro.
Además, la nueva norma prevé la posibilidad de iniciar procesos judiciales en ausencia contra los agentes extranjeros que hayan huido del país y cometido "acciones ilegales contra Rusia desde el extranjero".
La Duma rusa incluso elaboró una lista de 20 delitos penales por los que los agentes extranjeros podrían ser juzgados en ausencia, según Volodin, que no especificó cuáles son.
En particular, puntualizó que los que apoyen por retribución monetaria o por encargo el cumplimiento de decisiones de organismos internacionales en los que no participa Rusia, puede encarar penas de cárcel de hasta siete años y la confiscación de bienes.
Está previsto que las nuevas normas, presentadas por diputados de Rusia Unida, el partido del Kremlin, a fines de enero pasado, entren en vigor el próximo 1 de septiembre, según informó la Duma.
La ley sobre agentes extranjeros, inicialmente aprobada en 2012, se fue recrudeciendo en los últimos doce años con imposiciones como el registro de este estatus; la obligación de incluir información sobre esta condición en todas las publicaciones; la prohibición de participar en elecciones y en las compras estatales; recibir ayudas estatales o incluso firmar contratos con las Fuerzas Armadas.
En la actualidad el Ministerio de Justicia ha incluido en la lista de agentes extranjeros a más de 50 organizaciones que según las autoridades rusas "cumplen activamente con encargos del enemigo" en las esferas de la docencia y la educación, según informó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Duma, Vasili Piskariov.