Según ha informado en una nota de prensa, la Fiscalía ha abierto esa pionera investigación en virtud de la nueva ley de memoria democrática de 2022, que insta a llevar a cabo diligencias que permitan satisfacer "el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
Las diligencias penales de la Fiscalía se abren después de que dos juzgados de Barcelona rechazaran investigar sendas querellas por torturas argumentando que el delito había prescrito.
Tras esos archivos, Blanca Serra presentó directamente ante el ministerio público una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la Transición: en febrero de 1977 -antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía- y en 1980, 1981 y 1982, ya en democracia.
"Graves violaciones de los derechos humanos"
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En ambas querellas archivadas por la justicia, la Fiscalía defendió que las torturas del franquismo debían ser investigadas en base a la nueva ley de memoria, aunque su objetivo último no fuera la "persecución penal" de los autores, sino "garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso".
En el decreto en el que acuerda abrir diligencias, la Fiscalía de Barcelona -en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado-, sostiene que la nueva ley obliga a "realizar una investigación efectiva" para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantía de no repetición".
Unos principios que, en opinión de la Fiscalía, constituyen "pilares del derecho internacional de los derechos humanos" y se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución.
Torturas y tratos vejatorios
En su denuncia, Blanca Serra (Barcelona, 1943) mantiene que sufrió tratos vejatorios y torturas en dependencias policiales de Barcelona y Madrid, junto a su hermana Eva, con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.
Las dos hermanas, que estaban fichadas ya en septiembre de 1975, fueron detenidas por primera vez por asociación ilegal, otras dos en la aplicación de la ley antiterrorista y en el último caso, en 1982, por "ultraje a la unidad de España", según la denuncia.