El decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial -con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo- designa como interventora de la empresa, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a Anastasia María de los Ángeles Adem, por tiempo indefinido.
La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y su Presidencia, y deberá auditar la administración de compras y contrataciones y relevar el estado de los corredores viales, hasta que se liquide por completo la empresa y se disuelva.
Entre las atribuciones específicas detalladas en el decreto están el poder exclusivo para representar a la sociedad y designar o remover personal.
La privatización de la gestión de las carreteras había sido anunciada por el Ejecutivo en octubre del año pasado y oficializada a mitad de febrero, bajo el esquema de concesión de las rutas y autopistas a empresas privadas que se encargarán de la gestión y las obras necesarias a cambio del derecho de exigir un cobro del peaje a los usuarios.
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El argumento fue que la empresa estatal resulta deficitaria y no cumple con los estándares mínimos de operación y mantenimiento.
En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80 % del tráfico.
A principios de la década de 1990 se privatizaron rutas nacionales en Argentina mediante un esquema de concesiones a privados, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes al tiempo que se hicieron responsables del mantenimiento de las carreteras.
La crisis de 2001 y la posterior caída del régimen de convertibilidad del peso frente al dólar afectaron la ecuación económico financiera de las empresas y el fracaso en la renegociación de los contratos derivó en que varias compañías iniciaran reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Los contratos vencieron en 2003 y, desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales como concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales argentinas.