El proyecto de ley establece la imposición de multas de 100.000 rublos (1.200 dólares) o el monto del salario de seis meses, trabajos obligatorios de hasta un año, y privación de libertad de hasta un año.
La propuesta fue presentada por un grupo de diputados rusos encabezada por el presidente del comité de Seguridad y Lucha contra la Corrupción, Vasili Piskariov, a principios de año.
En la actualidad el Código Penal ruso prevé penas de hasta un año de cárcel para quienes no informen de los preparativos de un atentado terrorista, por lo que la ley rusa se ampliará a los sabotajes.
Con la aprobación de este proyecto de ley, las autoridades rusas buscan elevar la seguridad de las instalaciones energéticas y la infraestructura de transporte ante posibles sabotajes, cuyo número creció considerablemente tras el comienzo de la guerra en Ucrania.
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Piskariov declaró que en el contexto de la guerra es "muy importante que las autoridades reciban oportunamente informaciones sobre planes de atentados con bombas, incendios u otras acciones que socaven la seguridad económica y defensiva del país".