"Instamos a las autoridades penitenciarias a restablecer el derecho de las personas privadas de libertad a mantener el vínculo con sus familias", dijo Sonia Vázquez a periodistas, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Vázquez recordó que entidades internacionales han recomendado al Estado salvadoreño "garantizar la comunicación y visitas familiares, así como derogar disposiciones restrictivas".
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana por parte de las pandillas.
En este contexto suman más de 85.000 las detenciones de personas acusadas de pertenecer a pandillas o tener vínculos con estas estructuras, y las familias no tienen comunicación con los detenidos. Incluso se han denunciado públicamente desapariciones de corta duración por la falta de información del estado de salud de privados de libertad.
"Reiteramos nuestra exigencia de respeto a derechos humanos y nuestra firme decisión de continuar promoviendo acciones para protección de las personas privadas de libertad y sus familiares", agregó Vázquez.
Este grupo de familiares de detenidos, incluidos los miembros de un movimiento de presos políticos, presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 500 cartas para este ente medie en la entrega de las mismas a las personas detenidas.
También pidieron a la PDDH que exhorte "al Órgano Ejecutivo a eliminar las restricciones a la comunicación y visitas familiares".
Además, solicitaron que "instale mecanismos efectivos para reanudar dichas visitas en los centros penitenciarios" y que se establezca "un canal de comunicación con las familias para el seguimiento de estas peticiones".
Además de MOVIR, esta acción fue acompañada por el Comité de Personas Presas y Perseguidas Políticas del Salvador y familias de la remota zona del Bajo Lempa, isla Espíritu Santo y de los departamentos de Santa Ana (este) y Cabañas (centro).
La medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
