Un comunicado difundido por las organizaciones aseguró que la medida legislativa también atenta contra su autonomía, no respeta el derecho a la consulta previa y se trata de una "ley mordaza" que busca "silenciarlos y criminalizarlos por defender los derechos humanos".
Explicaron que la ley los afecta porque han necesitado conformar asociaciones civiles para solicitar recursos de la cooperación internacional y ahora el Congreso ha prohibido que esos fondos puedan ser utilizados para interponer acciones contra el Estado.
Si el Ejecutivo promulga esta ley, agregaron, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (piaci).
También indicaron que se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que han sido llevados a instancias internacionales.
"No nos preocupa esta ley porque el flujo de la cooperación internacional llegaría con controles a las organizaciones indígenas, sino porque esta modificación de la ley APCI constituye para nosotros una mordaza, buscan callarnos, debilitarnos", señaló el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez.
Consideró, además, que la norma impulsada por el Congreso es inconstitucional, ya que no ha sido sometida a consulta previa y anunció que si no es observada por el Ejecutivo acudirán a instancias internacionales.
Por su parte, la dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) Danitza Quispe consideró que esta ley no solo afectaría a las ONG sino también a las organizaciones indígenas que recurren al apoyo de la cooperación internacional, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Oseas Barbarán, sostuvo que la cooperación internacional ha asumido funciones que debería cumplir el Estado.
Los detalles del proyecto
El Congreso aprobó el pasado 12 de marzo un proyecto que plantea fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las ONG en el país, una propuesta que ha generado gran polémica tras ser considerada un intento de restringir las actividades de la sociedad civil.
El dictamen propone cambios en la APCI, con el objetivo de "fortalecer" su trabajo y "contribuir a la transparencia y a la supervisión de los recursos recibidos por otras entidades" que gestionan la cooperación técnica internacional.
Modifica artículos sobre la responsabilidad y funciones de la APCI e indica que las ONG tienen la obligación de registrar sus planes, proyectos, programas o actividades realizadas con recursos de la cooperación técnica internacional.
Además, plantea que la superintendencia tributaria evalúe la creación de una unidad para hacer efectiva la propuesta y que la APCI den su conformidad a todos los contratos del Estado con las ONG.
