La máxima responsable del organismo internacional en España, que el pasado mes de noviembre relevó a Sophie Muller, se refirió así en una entrevista con la Agencia EFE a la ruta que atraviesan los inmigrantes para llegar a las islas Canarias (Atlántico), considerada una de las más peligrosas del mundo.
Un total de 46.843 migrantes llegaron por ella a España el pasado año, según datos del Gobierno español, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo al recuento que realiza la ONG Caminando Fronteras.
Ante este reto humanitario, Grainne O'Hara defiende que, ya que España cuenta con una política nacional que reconoce la necesidad de incorporar trabajadores inmigrantes a su mercado laboral, debe buscar las vías legales oportunas para ofrecer esta posibilidad a gente que tiene "cualificación y habilidades" para trabajar en España.
"No puede ser que las únicas vías que ven algunas personas para llegar a un punto de seguridad es en manos de criminales que los están explotando, robando dinero y abusando de la confianza de la gente, deben existir más vías legales", reclama.
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En este sentido, valora positivamente que España cuente con algunas de estas alternativas para los refugiados, como la del reasentamiento o la posibilidad de pedir asilo desde un tercer país a través de las embajadas.
Pero asegura que no son suficientes para la demanda que hay, ya que, en el primer caso, se trata de un número limitado de plazas -1.200 para 2025- y la vía de las embajadas solo funciona para circunstancias muy concretas, como la reagrupación familiar.
Un sistema de asilo presionado pero no colapsado
El sistema de asilo en España es el tercero que más peticiones recibe de la Unión Europea y presenta graves problemas para acceder a él -resulta muy difícil conseguir una cita- y para obtener respuesta: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), hay más de 242.000 peticiones pendientes de resolución.
Preguntada por estas barreras, O'Hara defiende que el sistema de asilo español tiene "presiones" porque "hay más demanda que capacidad" y se forma un "cuello de botella" a la hora de atender las solicitudes, pero niega que se pueda hablar de "colapso".
A pesar de la baja tasa de reconocimiento de protección internacional en España, de un 18,5 % frente a una media del 42 % de la UE, O'Hara considera que, el "complejo" sistema de asilo español, consigue, a través de varias figuras -estatus de refugiado, protección subsidiaria, autorización por razones humanitarias y protección temporal- atender las "necesidades, esperanzas y urgencias" de una "enorme variedad de nacionalidades".
Posibles efectos adversos del nuevo reglamento de extranjería
El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó un nuevo reglamento de extranjería que supondrá más facilidades para conseguir los papeles a los extranjeros que viven en España a través del mecanismo del arraigo, pero establece también que el tiempo que una persona ha pasado en España esperando a que se resuelva su petición de protección internacional no contará como periodo de residencia a la hora de pedir el arraigo.
Sobre posibles efectos adversos, O'Hara señaló que desde Acnur desconocen aún los detalles de la aplicación del texto, que entrará en vigor el 20 de mayo, por lo que ha pedido reunirse con la entidades para entender sus preocupaciones.
En cualquier caso, la representante cree que este nuevo marco puede tener un "impacto positivo" en muchas personas -el Gobierno calcula que permitirá regularizar a unas 900.000 personas en tres años- por su refuerzo del mecanismo del arraigo, que, recalca, "no se ofrece en todos los países de Europa", señala.