La promulgación, que figura en la gacetilla de normas del diario oficial El Peruano, lleva la firma del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la primera vicepresidenta, Patricia Juárez.
En tal sentido, un juez peruano puede ordenar la detención preliminar judicial, en casos de no flagrancia, cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con una pena mayor a cuatro años de prisión.
Además, de que se presenten indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
También cuando "el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención o cuando el detenido fugase de un centro de detención preliminar".
El pasado 13 de enero, el Ejecutivo devolvió esta ley al Congreso, con diferentes observaciones, indicó en su momento el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sin dar más detalles.
Un mes antes, el Congreso aprobó la ley, dos días después de haber admitido otra ley que la eliminaba y que recibió duras críticas del Ministerio Público, especialistas en derecho penal y medios locales.
La norma propuso restituir y modificar un artículo del Nuevo Código Procesal Penal para indicar que un juez puede dictar la detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, "pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años".
Sin embargo, luego de que el pleno del Congreso aprobara la restitución, el Ejecutivo aseguró que se iba a tomar el plazo que le permite la ley para analizar si la promulgaba o la devolvía con observaciones, tal como finalmente hizo.
Medios locales señalaron que esa demora ha permitido que presuntos integrantes de bandas criminales sean liberados tras no haber sido capturados en flagrancia.
También que la Justicia rechace solicitudes de detención preliminar como la del vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien ha sido implicado en la investigación de un presunto caso de corrupción en el programa de alimentación escolar 'Qali Warma'.
