La audiencia debía determinar si los acusados irán a juicio, pero la jueza encargada del caso ordenó su aplazamiento hasta el próximo 12 de mayo debido al "impedimento legítimo" de dos abogados, según medios locales.
Los acusados son cuatro agentes de la Guardia de Finanzas (policía aduanera) y dos de la Guardia Costera italiana a los que la Fiscalía imputa los delitos de naufragio imprudente y homicidio múltiple.
Los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 2023 frente a las costas de Crotona (Calabria) cuando un pesquero en el que viajaban unos 180 migrantes, en su mayoría afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se hundió a sólo 150 metros de la playa de Steccato de Cutro.
El número de víctimas ascendió a 94, de las cuales 35 eran menores, confirmando que la tragedia figura entre los naufragios más mortíferos ocurridos en los últimos años las costas italianas.
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El caso provocó gran indignación en Italia tras conocerse que Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza, había alertado a las autoridades italianas sobre la presencia de un barco en peligro y sin embargo, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate hasta que los propios vecinos escucharon los gritos de los migrantes pidiendo ayuda.
Antes de suspender la audiencia, unos 70 familiares de las víctimas presentaron la solicitud de constitución como parte civil en el proceso.
También han solicitado constituirse como parte civil varias ONG, organizadas en una coalición de organizaciones de búsqueda y rescate, que exigen que las autoridades responsables sean consideradas culpables de la negligencia deliberada en las operaciones de rescate y de la falta de aplicación del derecho internacional en el Mediterráneo.
"Los fracasos repetidos para lanzar rescates a tiempo no son accidentes, son negligencia calculada. Las autoridades italianas han ignorado sistemáticamente su deber de rescatar, pero el ciclo mortal de la impunidad debe terminar ahora. Aquellos en el poder no deben seguir evadiendo la justicia mientras las personas se ahogan en el mar”, se lee en el comunicado publicado este miércoles por las organizaciones.
Tras la tragedia, en la que murieron 35 niños, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó el denominado Decreto Cutro sobre la inmigración, que restringe las posibilidades de solicitar asilo y aumenta las penas para los traficantes.
El decreto también incluye medidas para agilizar el proceso de expulsión, mejorar los centros de permanencia para la repatriación y regular la gestión de los centros de acogida de inmigrantes, limitando el estatus de "protección especial" para aquellos que no tengan derecho al asilo o protección subsidiaria.