El gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa, Pablo de la Flor, afirmó que se trata de "grupos ilegales que pretenden tomar el control territorial" de esta zona, conocida por la extracción subterránea de oro, amparados en la extensión de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
"Estos mineros ilegales actúan bajo la protección del Reinfo, cuyos resultados son nefastos, porque son los mineros ilegales quienes se camuflan y les da el amparo para seguir actuando con total impunidad", expresó De la Flor en entrevista con la emisora RPP.
La torre fue derribada en las últimas horas a pesar de la presencia de 300 policías destacados en la zona, debido a la declaración de estado de emergencia en Pataz para combatir la inseguridad ciudadana.
La empresa Poderosa había denunciado el domingo pasado que mineros ilegales hicieron detonar tres cargas de explosivos que derribaron una torre de alta tensión en Pataz, la torre número 15 destruida en los últimos cuatro años en esta localidad.
De la Flor dijo que el nuevo atentado es "una ocasión para reflexionar frente al avance tan terrible de la minería ilegal" en el país.
"Es una amenaza no sólo a una empresa, sino a la seguridad del país y el futuro de la institucionalidad", manifestó.
Respecto a los incidentes del pasado domingo, el portavoz explicó que fue el "preludio" a un ataque de mineros ilegales contra otra operación minera en Carhuabamba, al cabo del cual unos 17 trabajadores estaban desaparecidos.
Sin embargo, De la Flor informó que los 17 reportados como desaparecidos han logrado "escabullirse" del laberinto de galerías subterráneas y "se encuentran a salvo", de acuerdo a los reportes de la Policía Nacional.
Poderosa recordó, el pasado domingo, que los ataques sufridos por esta empresa en los últimos cuatro años han provocado la muerte de 18 trabajadores en esos incidentes del crimen organizado.
La minera atribuyó la escalada de violencia en Pataz a la extensión de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, en la práctica, permite la convivencia de las empresas formales con los mineros ilegales en los yacimientos de oro y otros metales, como los de esta localidad de la sierra de La Libertad.
