"Tras la draconiana Ley de Seguridad Nacional -impuesta por Pekín en 2020-, se promulgó esta nueva legislación que criminaliza las actividades pacíficas, amplía los poderes de la policía y reemplaza una ley de sedición de la era colonial para elevar la pena máxima por 'sedición' de dos a siete años de prisión", señala HRW.
Según la organización, desde que la norma entró en vigor en marzo del año pasado la Policía ha realizado múltiples arrestos e imputaciones, entre ellos el del destacado activista Chow Hang-tung, que ya estaba encarcelado, por presuntamente publicar mensajes "sediciosos" para conmemorar a través de Internet la Masacre de Tiananmen de 1989.
"Las autoridades restringieron las libertades de expresión, asociación y reunión. El 4 de junio -fecha en que se conmemora la matanza y se rinde homenaje a las víctimas- la Policía arrestó al menos a nueve personas por sostener carteles, encender velas o encender las linternas de sus teléfonos cerca del parque Victoria, donde se llevaban a cabo las conmemoraciones hasta que fueron prohibidas en 2020", destaca.
Asimismo, tres personas fueron condenadas a entre 10 y 14 meses de prisión por "sedición" por delitos como dibujar 'grafitis' a favor de la democracia en autobuses.
"El Gobierno de Hong Kong utilizó esta legislación para revocar los pasaportes de seis activistas exiliados y negar a los presos políticos la liberación anticipada por buena conducta", denuncia.
Penas de hasta diez años para destacados activistas
Asimismo, tres jueces condenaron a 14 activistas y ex legisladores por "conspiración para cometer subversión" en el juicio de Seguridad Nacional más grande celebrado en la ciudad hasta la fecha, con penas de prisión que van desde 4 años y 2 meses hasta 10 años de cárcel.
Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, de alcance extraterritorial, también los opositores exiliados están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.
En este Artículo 23 figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección o la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
Además, Hong Kong busca a al menos veinte antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
"Al menos 304 personas han sido arrestadas en Hong Kong por presuntamente violar la Ley de Seguridad Nacional, el Artículo 23 y la ya revocada ley de 'sedición' desde 2020. De 176 personas acusadas, 161 han sido condenadas. Según cifras de la Policía, 10.279 personas han sido arrestadas en relación con las protestas prodemocráticas de 2019, de las cuales 2.328 afrontaron consecuencias legales, muchas veces por delitos no violentos como 'reunión ilegal'", asegura la organización.
Por otra parte, HRW recuerda también el juicio aún en curso al magnate de los medios Jimmy Lai, que comenzó en diciembre de 2023: "Lleva recluido en régimen de aislamiento desde diciembre de 2020".
Lai, de 77 años, enfrenta en esta causa graves cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional, incluidos los de sedición y supuesta connivencia con "fuerzas extranjeras" que podrían costarle una condena a cadena perpetua.
El magnate permanece en una prisión de máxima seguridad en Hong Kong desde finales de 2020 y acumula décadas de activismo y feroces críticas al Gobierno de China, país del que escapó a los 12 años oculto en un barco pesquero con destino a Hong Kong.
Su hoy desaparecido periódico, 'Apple Daily', no solo reflejó las preocupaciones de la sociedad hongkonesa en un momento de transición política tras el traspaso de Hong Kong del Reino Unido a China, sino que también jugó un papel crucial para promover la agenda prodemocrática, consolidándose como un bastión de la prensa libre en una región cada vez más sometida por Pekín.