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En la noche del pasado 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió a Corea del Sur en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida.
Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección.
Suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional, el cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de seis meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados.
La primera de las cinco audiencias previstas en el juicio está programada para este martes a las 14H00 (05H00 GMT). Las siguientes tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero.
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Los abogados de Yoon señalaron que el dirigente no comparecerá en la primera audiencia por cuestiones de seguridad, pero que pretende asistir en fechas posteriores si estas preocupaciones se resuelven.
“Han surgido temores por su seguridad y posibles incidentes. Por ello, el presidente no podrá acudir al juicio el 14 de enero”, afirmó su abogado Yoon Kab-keun a la AFP.
El procedimiento puede avanzar en su ausencia.
El tribunal dispone de 180 días desde el 14 de diciembre, cuando recibió el caso, para decidir si el presidente vulneró la Constitución al imponer la ley marcial.
“El caso se centra únicamente en la situación de la ley marcial, con lo que los hechos no son particularmente complejos”, dijo el jurista Kim Nam-ju a la AFP.
“Como la mayoría de personas implicadas ya han sido encausadas y los hechos se han establecido, no parece que vaya a tomar mucho tiempo”, agregó.
Sin embargo, el equipo legal de Yoon reclama que el tribunal agote los 180 días de margen, especialmente para examinar “qué condujo a la declaración de la ley marcial”.
En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.